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M.SERRA Los vecinos de las Casetes de los Capellans y de la zona des Comú de Muro reafirmaron ayer su disconformidad con la inclusión de ambas zonas dentro del deslinde del dominio público marítimo terrestre. Y lo hicieron oficialmente, rechazando por escrito el proyecto de deslinde ante los representantes de la Demarcación de Costas de Balears que les habían convocado para explicarles el proyecto y los procedimientos a seguir.

El primer encuentro entre los vecinos y Costas fue muy tensa, y la indignación y preocupación de los afectados reinó en el ambiente durante todo el encuentro. Los representantes de Demarcación de Costas explicaron que el Ministerio de Medio Ambiente incluye Capellans y es Común en el deslinde porque las dos áreas «están dentro una zona de depósito de arena y dunas móviles y según la ley 3.1 B de Costas, se deben proteger». Los vecinos se mostraron incrédulos antes las explicaciones de los representantes. Uno de ellos, Antoni Perelló, aseveró que «las dunas del territorio son fijas y existen pruebas que demuestran que existen árboles centenarios que han nacido de ellas». La indignación de los asistentes se hizo patente en el presidente de la Asociación de vecinos de Capellans, Joan Moragues, que afirmó «si la ley es verdadera y no es una ley de ladrones, ésta tiene que ir con los vecinos de Capellans y Es Comú».

Los representantes de Costas aseguraron que «la tramitación del proyecto será larga» y se prevé «finalice en agosto del 2010». Los vecinos afectados disponen ahora de 15 días para presentar alegaciones que se sumarán a las que presentaron hasta el pasado 9 de noviembre y éstas serán enviadas a la sede central de Demarcación de Costas en Madrid dónde, en un periodo no superior a seis meses, se hará una valoración conjunta de las alegaciones y se presentará un proyecto modificado, si procede, en una audiencia previa. Después, se volverá a abrir un nuevo periodo de alegaciones y la tramitación finalizará con la resolución definitiva del proyecto de deslinde con una Orden Ministerial.

Si finalmente la inclusión de ambas zonas dentro del deslinde del dominio público marítimo-terrestre es aprobada, Costas podrá hacer concesiones a las 150 familias de la zona por un periodo máximo de 30 años que serán prorrogables a otros 30, lo que supone que en un periodo de 60 años las casas desaparecerán.