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El ya bien conocido y polémico edificio de Can Ganxo de Tuent puede quedar reducido hoy mismo a un montón de escombros si los propietarios del inmueble no consiguen una vez más parar la orden de demolición decretada por Costas y que ayer mismo la demarcación de este organismo en Balears retomó por sorpresa después de haberla tenido que interrumpir por orden judicial unos meses atrás.
En esta ocasión los propietarios casi no tuvieron tiempo de reaccionar ya que la actuación les fue «notificada» mediante un escrito que, al menos una parte de la propiedad, encontró la noche del jueves, literalmente, «debajo de la puerta», según la copropietaria Florentina Mora. El otro titular de la casa, Pere Vicens, aseguró ayer en Tuent que «no había recibido nada» y calificó de «ilegal» la intervención.
A primera hora de ayer los operarios de Tragsa volvieron al trabajo para retirar algunos objetos que aun estaban en la casa. También se personó la Guardia Civil de Inca para asegurarse de que no habría problemas de orden y que , esta vez sí, se podría proceder a la demolición interrumpida el pasado octubre. Está previsto que hoy entren las máquinas y eliminen esta casa «construida en el primer cuarto del siglo XX sobre una propiedad privada ya documentada en el siglo pasado».
José Ortega, el abogado del colectivo de afectados por la ley de Costas difundió ayer un comunicado instando a vecinos y amigos a solidarizarse con los propietarios mandando correos urgentes a la vicepresidenta del Gobierno recordando que la propiedad «tiene solicitada ante Medio Ambiente la nulidad de la orden ministerial firmada por Matas en 2001».