Miquel Llompart, Joan Bauçà, Josep Melià e Isabel Alemany. | Jaume Morey

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El Partido Popular (PP) y Unió Mallorquina (UM) coinciden en que la contención de la deuda pública debe ir más allá de presionar a las corporaciones locales. De esta manera, exigen que las conselleries del Govern y los consells insulares, así como sus altos cargos se sometan también a medidas de contención de deuda y recorte de salarios. UM, además, apuesta por una economía más productiva. Ambos partidos coinciden en que si se sigue ahogando a los ayuntamientos «tendrán que entregar las llaves al Gobierno».
Unió Mallorquina manifestó ayer su total rechazo a las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de Zapatero para reducir el déficit público que afectan a los municipios y se desmarcó de la Federació d'Entitals Locals de les Illes Balears (FELIB), que mañana se reúne para tratar esta cuestión, incluida la reducción del sueldo de los alcaldes. «No ha de ser un organismo de sumisión sino de reivindicación».
«Los ayuntamientos no llegamos a final de año», dijo Bernat Bauçà, alcalde de Porreres y secretario de política municipal de UM, que compareció ayer junto a sus homólogos de Andratx y Alcúdia, y el presidente del partido, Josep Melià. Bauçà explicó que este año los ayuntamientos han recibido entre un 25 y un 30 por ciento menos de aportación estatal, unos 950 por habitante cuando la media europea son 2.550 euros.
Situación insostenible
«Si no nos podíamos endeudar, era la ruina completa», dijo en referencia a la rectificación publicada ayer en el BOE según la cual las administraciones locales no podrán endeudarse a partir del 1 de enero de 2011. De esta forma, el Gobierno daba marcha atrás a la prohibición a las corporaciones a endeudarse este mismo año. La rectificación ha sido un alivio para este año, pero se planteará el mismo problema en 2011.
Y es que el 30 por ciento de los gastos de las administraciones locales no les corresponde asumirlas. En este sentido, UM emprenderá una intensa campaña para exigir la financiación necesaria y que «nos devuelvan lo que nos corresponde». «Tenemos la tesorería que no aguanta más», dijeron los alcaldes de UM. «La situación es insostenible». Por eso, prevén reuniones con presidente del Govern; el delegado del Gobierno y la presidenta del Consell.
Sin gasolina
Miquel Llompart, alcalde de Alcúdia, lo dijo claro: «Vivimos de las licencias de obras y han bajado un 70 por ciento, y la aportación del Estado en dos años se ha reducido en 700.000 euros. Es complicado trabajar si no hay dinero». Isabel Alemany, batlessa de Andratx, también fue contundente: «Las gasolineras ya no nos quieren proveer porque pagamos a un año».
UM, dijo Bauçà, apoyará la reducción de los sueldos de los alcaldes entre, aunque expondrá su malestar en la FELIB. «Se ha de negar a apoyar posturas contrarias a los ayuntamientos y tomar una nueva línea, como por ejemplo entregar las llaves de las corporaciones al Estado».
De similar manera se expresó el alcalde de Deià y portavoz del Partido Popular (PP) en la FELIB, Jaume Crespí, quien abundó en la tesis que no debe recaer únicamente sobre las entidades locales la contención de la deuda pública y el recorte de sueldos.
Al igual que los alcaldes de Unión Mallorquina, Crespí también exige ir más allá y que las instituciones supramunicipales se impliquen hasta el fondo, «de lo contrario», también señaló, «en un año habrá que cerrar y entregar las llaves y escrituras de los ayuntamientos al Govern».