Firmado el acuerdo para demoler dos de los chalés ilegales de Llucalcari

En una rueda de prensa, la presidenta del Consell, Francina Armengol, ha precisado que el coste de los derribos, que alcanza los 437.000 euros, será financiado a partes iguales por las tres Administraciones.

Concretamente, cada una de ellas destinará casi 146.000 euros y, con la demolición de dos de las cuatros viviendas, se cumplirá con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dictada en 1992, que declaró nulas las licencias de estos pisos construidos en la década de los ochenta y ordenó su derribo por haberse edificado en suelo no urbanizable.

Así, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 1999, si bien el Consistorio de Deià aseguró que no tenía presupuesto para derribar las cuatro viviendas, por lo que éstas continuaron en su lugar. Por esta razón, en 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB dictó un auto en el que obligaba al Ayuntamiento a cumplir la sentencia firme del TS, aunque esta institución hizo caso omiso alegando falta de presupuesto.

Ante tal situación, en 2008 la Sala de lo Contencioso Administrativo aprobó el programa de ejecución en el que obligaba al Ayuntamiento a derribar los chalés en un plazo de diez meses, aunque nuevamente, la institución municipal no cumplió la orden judicial, razón por la cual el TSJB impuso una sanción al alcalde de 600 euros mensuales.

Por este motivo, el Govern y el Consell de Mallorca han decidido ayudar económicamente al Consistorio de Deià para que pueda derruir, de momento, dos de las cuatro viviendas ilegales, mientras que el próximo año, ambas instituciones también financiarán, junto al Ayuntamiento, la demolición de las dos restantes.

En la rueda de prensa posterior a la firma del convenio, el alcalde de este municipio, Jaume Crespí, ha considerado que es un día «histórico» para sus habitantes, ya que después de 24 años de procedimiento y dos para llegar a este acuerdo, van a poder derribar estos chalés, gracias a la colaboración del Ejecutivo balear y la institución insular.

No obstante, Crespí ha remarcado que estos no son «momentos de alegría» puesto que muchos vecinos del pueblo «no entienden» que estas viviendas sigan «en pie» después de tantos años.

Asimismo, el regidor de Deià ha aclarado que, desde el consistorio, no ha habido «ninguna intención» de obstruir las decisiones de la Justicia, sino que económicamente la institución que dirige no ha podido cumplir con las sentencias anteriormente.

Al respecto del coste de las demoliciones, la presidenta de la Agencia de Disciplina Urbanística, Maria Lluïsa Dubon, ha precisado que tanto la inaccesibilidad de la zona donde están ubicados los chalés, como el tamaño y los materiales con los que estos están construidos, han hecho que el precio se incremente considerablemente.

Del mismo modo, Dubon ha asegurado que los técnicos de la agencia han contrastado los cuantías establecidas en los proyectos de derribo, realizados por un arquitecto externo al Consell, para finalmente llegar a un ajuste de los mismos entre la agencia y el técnico externo.

El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, ha aseverado que sin el esfuerzo de las tres Administraciones, no habría sido posible que se puedan llevar a cabo las demoliciones.

También, ha destacado la importancia de esta acción, ya que, durante años, la disciplina urbanística ha sido una de las cuestiones «más vulneradas» en Baleares. Por ello, ha considerado que esta actuación podría causar una efecto «multiplicador» para el cumplimiento de este asunto.

Por su parte, la presidenta del Consell, Francina Armengol, ha asegurado que la demolición de estas viviendas permitirá devolver «los valores paisajísticos y medioambientales» por los que se caracteriza la Serra de Tramuntana. Sobre todo, en un momento tan importante para esta zona porque este año la Unesco debe decidir si continúa su candidatura para ser declarada como Patrimonio Mundial, ha zanjado.