Las casas tienen una orden de demolición por la denuncia de la asociación de vecinos. | Maria Nadal

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Los propietarios de uno de los chalets ilegales de Ruberts estudian querellarse contra la promotora que construyó su vivienda y que la vendió sin informales de la ilegalidad de la casa. Los dueños explicaron ayer que «el Ajuntament de Sencelles, la promotora que construyó las viviendas y la asociación de vecinos de Ruberts quieren llegar a un acuerdo para no derribar las casas sin tener en cuenta nuestra opinión».

De este modo, la propiedad explica que «se quiere evitar el derribo que ordenó un juez a instancia de los vecinos, pero las casas siempre serán ilegales por lo que todos nuestros ahorros que invertiremos en la casa se reducen a cero». Por estos perjuicios, los propietarios quieren emprender medidas judiciales contra la promotora.

Compensaciones

Los dueños, que querían vender la casa para trasladarse cerca de Palma y no lo han podido hacer por las circunstancias en que se encuentra la vivienda, aseguran que «el Ajuntament da un solar urbano dentro de Sencelles a la promotora como compensación y ha prometido mejoras en el pueblo de Ruberts a los vecinos, pero ¿qué recibimos nosotros?». Según el acuerdo, la asociación de vecinos remitirá un escrito al juez que dictó sentencia de derribo «diciendo que ya se ha ejecutado la sentencia por lo que el expediente judicial se archivará, pero nuestras propiedades nunca podrán ser legales», por lo que estos los propietarios optarían más por el derribo «y tener una compensación».

Por su parte, el alcalde de Sencelles, Bartomeu Morro, explicó que «he heredado esta situación y lo único que he procurado hacer ha sido luchar para que tres familias no pierdan sus casas».

En cuanto a las negociaciones, Morro dijo que «se dará un solar urbano dentro de Sencelles a la promotora a cambio de los cinco chalés que no ha podido construir y de no tener que pagar un millón de euros, pero los vecinos no reciben nada». En cuanto a la legalización de la casa, el alcalde aseguró que «si se hacen alegaciones al próximo Plan Territorial pueden quedar legalizadas».