La Audiencia de Baleares ha condenado al exdirector general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y al excelador de obras de Andratx Jaume Gibert a 1 y 2 años de cárcel, respectivamente, por una pieza del caso Andratx sobre la construcción de una vivienda ilegal.
La condena es fruto de un acuerdo al que han llegado esta mañana el fiscal, la acusación particular, las defensas y los acusados en la pieza separada número 4 de este extenso caso de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la legislatura 2003-2007 del PP, cuyo juicio estaba previsto hoy en la Sección Segunda de la Audiencia.
El fiscal pedía en un principio 6,5 años de cárcel para Massot por su actuación corrupta cuando era técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, pero finalmente se ha rebajado la pena hasta un año por prevaricación, que se da además por cumplida al apreciarse continuidad delictiva con otros hechos del caso por los que ya está condenado.
Además de a Massot, ya en prisión como autor de diversos delitos urbanísticos, la Audiencia también ha condenado a 2 años de cárcel Jaume Gibert, colaborador de la justicia en el caso Andratx, por los delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.
En el acuerdo también se condena a María Porcel, propietaria del terreno rústico protegido sobre el que se edificó la vivienda, a 3 meses de prisión sustituibles por una multa como cómplice de un delito de prevaricación urbanística, y a Joaquín Ozonas, arquitecto que diseñó una vivienda, a 6 meses de cárcel a sustituir por una multa por un delito contra la ordenación del territorio.
En el escrito de conformidad se condena asimismo a Gibert y Ozonas a demoler la vivienda y se declara la nulidad de las licencias para edificarla.
La mujer condenada tenía un terreno de 1.775 metros cuadrados en Andratx calificado como suelo rústico y protegido por estar integrado en un Àrea Natural de Interés Paisajístico, en el había unas ruinas que de ninguna forma constituían una construcción susceptible de ser reformada.
No obstante, la mujer puso en venta la finca en 2001 y una extranjera firmó con ella una opción de compra por 72.000 euros condicionada a que se acompañase la finca de una licencia de obras para construir una vivienda.
Para lograrlo, el arquitecto redactó un proyecto de reforma de unas edificaciones preexistentes que en realidad no existían y Massot informó a favor de la licencia a sabiendas de que era ilegal.
Una vez puesto en marcha el proyecto, ya en 2005, el encargado de velar por que la ejecución de las obras se ajustara a las licencias, el celador Gibert, certificó en falso que se estaba reformando una vivienda, lo que permitió que finalmente se levantase una casa de 355 metros cuadrados.
Gibert confesó todos los supuestos delitos y facilitó información a los investigadores, por lo que se le ha aplicado la atenuante de confesión en su calificación de «muy cualificada».
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