Los pescadores no solo pagan una tasa por la ocupación de los almacenes sino también por la superficie que ocupan sus redes y aparejos. | Elena Ballestero

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Los pescadores del Port de Pollença deberán afrontar a finales de este mes el pago anticipado de las tasas de ocupación de las instalaciones portuarias correspondientes al primer semestre de 2013. Inmersos en plena crisis económica, el sector, que ve además cómo en los últimos años se dispara la competencia de la pesca recreativa, demanda al Govern de les Illes Balears que las tasas se paguen a título vencido, como ocurría hasta principios de esta legislatura y que además se equiparen los precios a los que se aplican en los puertos no transferidos a la comunidad autónoma.

En el primer semestre de 2012 cuatro de los 23 pescadores que desarrollan su actividad en el puerto de Pollença optaron por desalojar los almacenes porque no podían hacer frente a los pagos y la cifra podría aumentar ahora.
Los pescadores de Pollença pagan una media de 900 euro al año por ocupar un almacén de 13 metros cuadrados cuando un pescador de Alcúdia (el Port d'Alcúdia está gestionado por la Autoridad Portuaria de Balears) paga 140 euros anuales por una ocupación de igual superficie y nunca lo hace por anticipado.

Los pescadores del Port de Pollença (Cala Ratjada vive una situación casi idéntica) denuncian desde hace meses el «agravio comparativo» y tienen previsto reunirse esta semana con el director general de Ports, Antoni Deurero, para tratar este y otros asuntos.

Una de las cuestiones que más preocupa al sector es la de tener que avanzar seis meses el dinero por ocupar los trasteros (también les cobran por colocar las redes y otros enseres sobre el puerto). Hasta ahora el Govern nunca les había exigido el pago anticipado de la tasa de ocupación pero la Conselleria de Turisme i Esports ha decidido aplicar ahora la normativa a rajatabla. Aunque los pescadores se muestran «esperanzados» con la reunión de esta semana y han relajado sus quejas, lo cierto es que la dirección general de Ports del Govern balear insiste en que «por primera vez en años se hace lo que marca la ley, cosa que antes no se hacía».