El Ajuntament aprobó ayer, en pleno extraordinario, el expediente de resolución de este contrato, firmado en 1971, tras desestimar las alegaciones de los herederos y con un informe favorable del Consell Consultiu.
La oposición, PP, votó en contra al entender que «se trata de una decisión política en beneficio de una empresa directa con la que el alcalde tiene compromiso», denunció, a este periódico, el portavoz popular, Jaume Servera.
El Ajuntament inició el expediente de resolución de este contrato tras el fallecimiento del particular, hace unos meses, en base a que la ley así recoge esta posibilidad. El alcalde, Antoni Servera, explicaba que «seguimos todos los pasos legales. Ahora la concesionaria se hará cargo de los pozos de agua. Presentó un estudio y el agua podrá salir 10 céntimos más barato por metro cúbicos. Esperemos que repercuta en beneficio de los ciudadanos. En el contracto se recogían unas 1.000 toneladas diarias y en los últimos meses ya no se llegaba a esta cantidad».
Por su parte, Jaume Servera, justificaba el voto de su partido en contra en el sentido que «vemos un oscurantismo total en esta decisión. No entendemos que se quite el derecho a una familia serverina para darlo a una empresa en concreto. Vigilaremos que los beneficiarios al final sean los ciudadanos. Se rescinde un contracto cuando funcionaba hace 40 años con total normalidad. Aunque el propietario haya fallecido quedan sus herederos. Podrían haber esperado que el contrato finalizara. A nosotros nos hubiera gustado que si se había que pactar un precio nuevo y ha de repercutir al ciudadano que negociaron con los particulares y ofrecerles la posibilidad de seguir con el contrato».
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El benefici directe en serà per a l'empressa concessionària, el benefici indirecte per a l'Ajuntaments i els usuaris.