Imagen de los dos bloques que albergan los 24 apartamentos construidos de forma ilegal en Cala Llamp en el año 2005. | Michel's

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El Ajuntament d'Andratx deberá hacer frente al coste de la demolición de los bloques de apartamentos levantados hace 10 años de forma ilegal en Cala Llamp. El Consistorio presidido por el alcalde Jaume Porsell (PP) tendrá que pagar los aproximadamente 600.000 euros que costarán las obras como responsable subsidiario, toda vez que, según el mandatario municipal, la empresa promotora de las viviendas se haya negado a pagar y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya dictado la orden de ejecución de la sentencia que obliga al derribo.

No obstante, desde el Ajuntament andritxol advierten de que, una vez demolidos los apartamentos, se repercutirán los gastos a la empresa constructora, aunque no se descarta que esta decisión derive en un litigio que pueda prolongarse durante varios años. La construcción de estos bloques de apartamentos en Cala Llamp (un total de 24 viviendas –con aparcamientos y piscina–, de las cuales sólo una cuarta parte están habitadas) fue posible gracias a la concesión de una licencia fechada el 29 de julio de 2005 bajo el mandato municipal del exalcalde Eugenio Hidalgo.

El proceso judicial que ha concluido con la orden de demolición de los apartamentos arranca con una denuncia interpuesta por el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) que en ningún momento ha dado su brazo a torcer. Durante la pasada legislatura, el entonces alcalde Llorenç Suau intentó negociar con la organización ecologista la retirada de la denuncia, puesto que con las nuevas Normas Subsidiarias del municipio –actualmente en fase de aprobación inicial– la promoción urbanística en cuestión queda completamente regularizada.

Pero el GOB no ha entrado siquiera a valorar esta posibilidad y en todo momento ha exigido el cumplimiento de la sentencia emitida en septiembre de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma, en la que se imponía al Ajuntament d'Andratx un plazo de dos meses para demoler los apartamentos, aunque a día de hoy siguen en pie.