Proyecto del hotel de sa Ràpita

Gráfico del área en la que se había proyectado un hotel en sa Ràpita. | Ultima Hora

Joan SociesPalma09/12/15 0:00
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El Consell de Mallorca deberá pagar 12.000 euros por las costas judiciales de los recursos de casación presentados por el equipo de gobierno del PP de Maria Salom ante el Tribunal Supremo contra la corrección del error material de la aprobación definitiva de la modificación número 2 del Pla Territorial de Mallorca (PTM), es decir, el intento de incremento de dos a veintiuna hectáreas urbanizables en la finca de Son Durí, sa Ràpita (Campos), para que con la ampliación se pudiese construir un hotel de 1.200 plazas.

Así lo comunicó este miércoles la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, señalando que «estamos satisfechos con la sentencia porque se vuelve al modelo territorial de enero de 2011. Además, el equipo de gobierno anterior sólo ha creado inseguridad jurídica para Campos y para todas las personas afectadas, aunque ya se advirtió en su momento: Ahora tenemos que pagar aproximadamente 12.000 euros de costas judiciales que no deberíamos haber pagado si el ejecutivo anterior hubiera hecho caso de las advertencias».

Según Garrido, «Campos ha de adaptar las normas subsidiarias al PTM y decidir qué quiere hacer con las 19 hectáreas. Puede elegir si las destina a construir un macrohotel o si las dedica a un crecimiento más adecuado y sostenible, que es la vía que más se utiliza actualmente».

Sentencia

Con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio se da la razón al Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJB) que en 2013 anuló el acuerdo del pleno del Consell según el cual se incrementaban de dos a veintiuna las hectáreas urbanizables en la finca de Son Durí. El TSJB declaraba ilegal el procedimiento de corrección de error realizado por el gobierno del PP. Fue por ello que el departamento liderado por el entonces conseller Mauricio Rovira presentó hasta tres recursos de casación, de los que el Tribunal Supremo confirmó su anulación y condenó al Consell a pagar las costas judiciales.