Un descendiente de Lloseta, nuevo gobernador de Puerto Rico

Ricardo Rosselló es un descendiente de Lloseta, ya que su bisabuelo, Pedro Juan Rosselló Batle, emigró en 1902 a Puerto Rico. Su descendencia ha estado ligada a la política: primero fue su nieto, Pedro Rosselló, y ahora su bisnieto.

Victoria

Rosselló ganó con un 41,87 por ciento de los votos, seguido de David Bernier, del Partido Popular Democrático (PPD), que obtuvo un 39 por ciento, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

«Queremos comenzar a trabajar mañana mismo para resolver los problemas de Puerto Rico», dijo Rosselló tras conocerse su victoria, y añadió que se siente honrado de que el pueblo le haya otorgado el mandato para regir los destinos del país.

«Mi objetivo siempre fue servir como Gobernador y estoy honrado de que me hayan elegido», explicó, para agregar que su equipo estará integrado por «muchas mujeres».

«El pueblo me dio un mandato y con mi elección se ha fortalecido la democracia», aseveró el político, quien advirtió de que si no se da dinero a los fondos de retiro, éstos «pueden fracasar"

Estas elecciones también suponen una victoria para dos mujeres: la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico y expresidenta de la Cámara local de Representantes, Jennifer González, y Alexandra Lúgaro.

González, del mismo partido que Rosselló, será la primera mujer que represente a Puerto Rico ante Washington tras los comicios de hoy, mientras que Lúgaro ha sido la primera mujer en presentarse como candidata independiente para la gobernación de Puerto Rico, logrando el tercer lugar con el 11,02 por ciento de los sufragios.

En San Juan repetirá cuatro años más como alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, del PPD.

El principal perdedor, David Bernier, felicitó a su contrincante y dijo, afónico, que desde su partido «hemos dado una batalla dura en un momento difícil para la historia del partido y la isla».

No obstante, consideró «necesario dar un paso al frente y echar hacia adelante y convertirme en alternativa de futuro en un panorama difícil».

Bernier reconoció que ha sido una campaña «con mucho ruido y casos de corrupción» y que ahora «comienza un proceso de transformación en el que hay que mirar al futuro si se quiere ser alternativa».

Los resultados finales se dieron a conocer cuatro horas después de que los colegios electorales de Puerto Rico cerraran sus puertas a las 15:00 hora local para las elecciones a gobernador, representante ante Washington y legisladores, bajo una intensa lluvia.

Casi 2,9 millones de puertorriqueños estaban convocados a las urnas en unas elecciones en que las encuestas previas daban ya como vencedor a Rosselló.

Esta ha sido la primera vez que se ha utilizado en la isla un sistema electrónico de recuento de votos en unas elecciones generales, sin que se hayan producido grandes problemas, salvo varios denuncias de fallos técnicos que en algunos casos obligaron a cerrar los centros algo más tarde.

También se produjo alguna denuncia aislada de intento de compra de votos.

Los puertorriqueños han acudido a las urnas con la esperanza de que su nuevo gobernador les saque del pozo económico en el que viven.

Rosselló encontrará unas arcas públicas vacías y margen de maniobra limitado, ya que el Congreso estadounidense, al que está supeditado la isla como Estado Libre Asociado a EE.UU., impuso el pasado junio una junta de supervisión a la que el Ejecutivo local está obligado a consultar.

El Congreso en Washington aprobó la Ley Promesa, que establece una entidad que se superpone al Gobierno y el Legislativo de la isla para cualquier decisión del área económica, a cambio, entre otras medidas, de «congelar» temporalmente el pago a los acreedores de Puerto Rico, que arrastra una deuda de unos 72.000 millones de dólares.

La situación de las finanzas públicas es tan difícil que provocó durante el último año los primeros impagos en la historia de Puerto Rico, la advertencia del Ejecutivo de que no había fondos para atender las necesidades básicas de la población y las amenazas de los acreedores de llevar a los tribunales al Gobierno.