Los técnicos de Urbanismo al detectar obras que no disponen de licencia o que no se ajustan a la licencia concedida, hacen la correspondiente denuncia, que da lugar a un decreto de paralización inmediata de las obras. «En caso de que los propietarios o promotores de las obras ilegales no acaten la orden de suspensión y no detengan las obras en el plazo de 48 horas, el Ajuntament procederá a su precinto», explican los técnicos.
Fuentes del Consistorio explican que ante esta situación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2014, los responsables de las obras ilegales tienen 2 meses para solicitar la legalización de las obras, en caso de que la normativa lo permita. Transcurrido este plazo, si no se ha instado la legalización de las obras o si las obras son ilegalizables, se iniciarán los trámites para «reponer la realidad física alterada», que finalizará con la resolución de la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
«El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado original por parte de los propietarios, podrá dar lugar conforme a la ley 2/2014 a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de las obras realizadas». Por otra parte, y de forma independiente al procedimiento de restablecimiento del orden jurídico alterado, «la misma ley prevé la aplicación de sanciones a cualquier responsable de una obra hecha sin licencia o sin ajustarse a la misma».
El Ajuntament de Manacor indica que en esta situación se encuentra un establecimiento de Porto Cristo. El pasado 25 de noviembre desde el Ajuntament se dictó un decreto de paralización inmediata de las obras que se hacían tras certificar que «las obras que se ejecutaban no se correspondían con lo que habían comunicado al Consistorio los responsables de el establecimiento hotelero. Dando cumplimiento a la Ley 2/2014, pocos días más tarde y después de comprobar que las obras no se habían detenido a pesar del decreto de paralización, día 2 de diciembre de 2016 se decretó el precinto de las obras. Un precinto que hicieron efectivo los agentes de la Policía Local de Manacor junto con el personal del Ajuntament», añaden que «las obras siguieron a pesar del precinto impuesto por el Ajuntament». Así los técnicos municipales, tras comprobar que la actividad seguía en la obra, «informaron de la situación a la compañía que proporciona el suministro eléctrico en el edificio para que cortase el servicio».
Además el Ajuntament ha informado de esta actuación a la Dirección General de Turismo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los efectos oportunos de realizar las correspondientes inspecciones dado que durante las visitas realizadas por el personal del Consistorio «se observó que las condiciones de los operarios de obra no parecían ajustadas a la normativa vigente, informan los técnicos municipales».
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En molts casos, les infraccions urbanístiques es produeixen per falta d'enteniment entre l'Administració i el promotor, per la tardança a resoldre les peticions d'obra, per la inseguretat jurídica, per la indefensió i persecució continuada que sofreix el ciutadà davant els poders públics que esgrimeixen lleis i mes lleis, arruïnant d'aquesta manera al sector de l'edificació.