El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, según señalaba este martes Teresa Palmer, ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que estas inversiones puedan realizarse también en 2018, puesto que inicialmente solo estaba previsto que pudieran hacerse en 2017, pero «dada la fecha en la que se aprobarán las cuentas, apenas quedarían unos seis meses para que pudieran hacerlo», señaló.
Precisamente por eso se hizo caso a la petición realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), su presidente, Joan Carles Verd, señaló ayer que «se desbloqueará el dinero de los ciudadanos que finalmente se podrá reinvertir en el municipio en su propio beneficio. Notarán la mejora».
«La reinversión de los ahorros permitirá mejorar las instalaciones municipales y crear nuevos puestos de trabajo, hacer nuevas contrataciones», añadió.
Uno de los ayuntamientos que cuenta con un mayor remanente de tesorería es el de Alcúdia, que tiene 40 millones. En el caso de Marratxí, por ejemplo, el superávit con el que cuenta es de ocho millones de euros.
Desde que entrara en vigor la ‘ley Montoro‘, una norma que pretendía impulsar el saneamiento de las administraciones locales, los consistorios han debido cumplir con una regla de gasto que no les permitía invertir más que un porcentaje de sus presupuestos, pero manteniendo siempre un superávit que se ha ido incrementando año tras año desde que entrara en vigor la norma en el año 2013.
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