Afectaría a diez municipios por construcciones en zonas LIC y en el parque natural de Mondragó.

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Los seis chiringuitos que esta semana el Ajuntament de Campos ha demolido en es Trenc podrían ser los primeros de una larga lista que afecta a otros 13 bares de playa en Mallorca. El director general de Espais

Naturals i Biodiversidad del Govern, Miquel Mir, ha remitido una carta a Demarcación de Costas en Balears para que revise la legalidad de estas construcciones que, según Medi Ambient, están dentro de la Red Natura 2000. La sentencia 1646/2016 del Tribunal Supremo anula la disposición transitoria 26 del Reglamento de Costas por la cual prohibe que haya construcciones de cemento en las playas consideradas naturales (no urbanas). Desde la Conselleria de Medi Ambient consideran que debe revisarse la situación legal de estos chiringuitos para que no haya «un trato discriminatorio» sobre los de Campos.

El Govern ha realizado una lista con las características de estas casetas de playa supuestamente ilegales que afectan a diez municipios de la Isla. En el listado presentado a Costas se especifican aquellas construcciones de cemento que se alzan en espacios declarados Xarxa Natura protegidos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Son el caso de las playas de Portals Vells y Platja del Mago (en el municipio de Calvià); Cap Enderrocat-Cap Blanc (Llucmajor); Platja des Dolç (ses Salines); Cala s'Àguila y Platja de sa Mesquida (en Capdepera); la Llosa de l'Ullal (Pollença); dos chiringuitos diferentes en la cala de sa Calobra (Escorca); Cala Deià y el Racó de sa Foradada (Deià); Cala Estellencs (Estellencs); y s'Illeta-Camp de Mar (Andratx). Medi Ambient también incluye el quiosco de playa que está dentro de los límites del Parque Natural de Mondragó, en la playa de la Font de n'Alis.

Miquel Gual, en su misiva a Demarcación de Costas, no habla directamente de demoliciones, sino que simplemente recuerda a la administración del Estado que de acuerdo con la sentencia del Supremo se valore la ubicación y el estado legal de cada una de las casetas, para así «aplicar las medidas oportunas».