Las murallas del santuario de Sant Salvador, en Artà, son uno de los puntos de litigio entre el Consistorio y la parroquia local. | Miquel Mestre Ginard

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Los distintos párrocos de la Isla aseguran con rotundidad que las propiedades inmatriculadas por parte del Obispado, bajo la titularidad de cada una de las parroquias, se ciñen estrictamente a sus terrenos o edificios. Es más, aseguran que tienen documentos y archivos que acreditan su propiedad.

En muchos casos, las propiedades corresponden a donaciones de particulares a la parroquia local. Uno de los casos más llamativos son las distintas donaciones con las que cuenta la parroquia de Llucmajor, en Vallgornera, s’Estanyol o Son Verí. En este emplazamiento (perteneciente a la parroquia de Badies) existe un bungalow propiedad parroquial. Desde el Obispado indican que se trata de un edificio «como puede ser cualquier otro».

En Alcúdia, las inmatriculaciones indican que la parroquia tiene en propiedad la cueva de Sant Martí. El rector, Jordi Gayà, señala que «yo hace poco que estoy al frente de la parroquia de Alcúdia, pero la cueva de Sant Martí ha sido, desde siempre, un punto de culto cristiano». Gayà también asevera que «en el archivo parroquial existe el registro y los dados de los distintos inmuebles».

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En Sineu, la parroquia tiene la propiedad de Ca s’Escolà, la rectoría y la plaza de Sant Marc. Guillem Feliu, rector del municipio, indica que «se trata de propiedades muy bien delimitadas. En la plaza de Sant Marc, en el suelo, existen unas fites bien delimitadas». El resto de edificaciones corresponden estrictamente a las dependencias parroquiales.

En Santanyí, Josep Adrover, párroco local señala que en su municipio tampoco existe ningún conflicto y que «nadie discute las propiedades de la parroquia». «El único conflicto que existe es referente a la carretera de Consolació, pero se trata de un litigio entre la propiedad privada y el Ajuntament de Santanyí. Las propiedades de la parroquia en el puig están muy bien definidas».

En Artà sí que existe un litigio entre la parroquia y el Ajuntament. Se trata de discernir la propiedad de las murallas del conjunto de Sant Salvador. En este caso, será el próximo mes de octubre cuando se celebrará el juicio en los juzgados de Manacor y según indica el rector de Artà, Joan Servera, «estamos a la espera de la resolución. A mediados de octubre el juez decidirá la propiedad de las murallas».