Escorca denuncia a Territori posibles obras ilegales del Ibanat en suelo rústico protegido

En su escrito a la ADT, el Consistorio notifica que «el Ibanat ha llevado a cabo, siempre en suelo rústico protegido, ejecuciones de obra aparentemente sin licencia». El alcalde, Antoni Solivellas, explica que «se trata de la construcción de rampas de hormigón, soleras para los baños, el cambio de las mesas de piedra por mobiliario de madera o arreglos en los refugios, que se han llevado a cabo sin permiso municipal». Solivellas añade que «desde el año 2017 hemos remitido varias comunicaciones al Ibanat y al conseller sin que hayamos tenido respuesta alguna».

La gota que ha colmado el vaso del Ajuntament d'Escorca ha sido el nuevo decreto 8/2020 de la Llei d'Urbanisme que exime al Ibanat tener que tramitar licencia alguna para realizar actuaciones en suelo rústico protegido. «Es indignante», dice Solivellas, que asegura que «cualquier vecino tiene que esperar un año para cambiar una simple teja».

Además, el alcalde recuerda que la ADT paralizó la obra municipal de sustitución de una tubería de agua y que la Conselleria de Medi Ambient obligó a la administración local a tramitar un estudio de impacto ambiental, «pero la misma Conselleria hace obras sin ningún informe», asegura. Desde la Conselleria de Medi Ambient apuntan a que la actuación que se ha realizado en la Font des Noguer está exenta de licencia, mientras que el resto «son actuaciones de mantenimiento de los equipamientos recreativos que gestiona el Ibanat para garantizar el buen estado y la seguridad de estas infraestructuras. Entendemos que han quedado regularizadas con la aprobación del decreto 8/2020».

Además, desde la Conselleria añaden que la ADT «no nos ha hecho ninguna notificación. Si la hace y decide abrir un expediente, presentaremos alegaciones».

Solivellas tilda de anticonstitucional el decreto que permite obras sin licencia

El alcalde Antoni Solivellas dice que «el decreto que exime al Ibanat tener que tramitar licencias es anticonstitucional».

El Ajuntament ha solicitado a la FELIB que pida un informe al Consultiu sobre esta norma. Solivellas dice que «quita competencias a las entidades locales».