Así lo ha anunciado el alcalde, Éric Jareño, que ha lamentado que el actual consistorio tenga que hacerse cargo de «actuaciones llevadas a cabo hace más de una década», en un contexto ya de por sí anómalo por la pandemia de COVID-19.
Los hechos se remontan a la construcción del CEIP, con un proyecto que contravenía el planeamiento urbanístico vigente. Con la edificación ya terminada, se modificó el Plan General de Ordenación (PGOU) para ajustar el uso de los terrenos, una decisión que ahora ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Así, el Tribunal obliga a demoler una franja de cuatro metros del CEIP.
Según el Ayuntamiento, la decisión afecta a 500 alumnos en esta zona escolar. La regidora de Educación, Xisca Lascolas, ha lamentado que los estudiantes «verán como equipaciones escolares como la biblioteca, el comedor, la cocina o los baños son derribados».
«No entendemos la denuncia de unos vecinos de la misma urbanización que con su postura deterioran el funcionamiento de este espacio educativo tan importante para los residentes. No sabemos qué intereses o conflictos han tenido con la construcción de la escuela y su funcionamiento», ha declarado.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Guillermo Roig, ha criticado que el Tribunal «no aceptara ninguna de las soluciones presentadas» por Ayuntamiento, Consell y Govern, y que así haya dado pie al «innecesario derribo de parte de un colegio, con el consiguiente perjuicio que esto está ocasionando a los vecinos y alumnos no sólo de Puig de Ros sino también de otras urbanizaciones».
Desde el consistorio han advertido también que las obras de demolición serán «incompatibles» con el funcionamiento de la escuela, puesto que la resolución llega en vísperas del inicio del curso escolar. «En nuestro plan de acción presentado a la sala, y en cumplimiento de lo impuesto por el Tribunal, hemos considerado todas las alternativas para que el impacto sea lo menos perjudicial», ha matizado la regidora de Educación.
Una vez concluidas las obras de demolición, el Consell y el Govern tendrán que realizar «las modificaciones que consideren oportunas para el buen funcionamiento del edificio, así como la reestructuración que consideren necesaria», según han apuntado desde el Ayuntamiento de Llucmajor.
27 comentarios
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Mejor dicho: Lluchmajor tendrá que demoler una zona del colegio por una irregularidad que arrastra desde hace 12 años.
La ley es igual para todos. Si se cometió una infracción, se debe acatar la sentencia. Pero también deben pagar los políticos o técnicos que en su momento no hicieron correctamente su trabajo. Aparte de lo anterior, qué fácil es para la justicia ponerse de parte de los fuertes (algunos, repito, ALGUNOS vecinos y sus chalets, que seguro que no llevan a sus hijos a ese cole sino a uno privado), y meterse con los débiles (colegio PÚBLICO). Si no fuera público, estaría bien saber cuál hubiera sido la resolución judicial. ¿Es que no podría haberse encontrado una solución que no perjudicara ni a vecinos ni al cole? Esperemos que la justicia sea igual de expeditiva con las posibles irregularidades urbanísticas en viviendas privadas de la zona. Y con las promotoras urbanísticas que están arrasando impunemente varios pinares en las inmediaciones para construir chalets de lujo, como si la economía estuviera muy boyante. Ahora quienes lo van a pagar son los niños, que no tienen culpa de nada.
Des de l’Ajuntament diuen que no entenen la postura d’alguns veïnats i que deterioren el funcionament d’aquest espai educatiu. Doncs molt senzill, als ciutadans ens obliguen a complir les lleis idò l’Administració i els polítics també estan obligats. El que passa és que tant uns com l’Altre es passen pel forro les normatives perquè saben que lluitar contra l’Administració i els polítics du molt de temps i doblers. Al meu entendre en contra de qui s’haurien de queixar és dels “xapucers” polítics i assessors que fa 12 anys donaren el vis i plou i demanar-lis responsabilitat a ells i no queixar-se d’uns veïns “valents” que han lluitat pels seus drets i s’han vist obligats a dur-ho davant la justícia.
¿quién firmó el final de obra????
Entiendo a los vecinos que han reclamado y se han reunido con el alcalde de turno en su momento, pero EL DIA QUE LOS POLITICOS RESPONDAN LITERAL Y FIELMENTE CON SU PATRIMONIO SUS ACIERTOS Y ERRORES AL APROBAR NUEVAS LEYES O CAMBIO DE NORMATIVAS, las cosas seran diferente! Acá dictamos leyes y modificamos estatutos sin importar las consecuencias a corto mediano y largo plazo. Lo siento por las niñas y niños que se verán seriamente perjudicados. Es que la idiosincrasia MALLORQUINA es muy especial... Pena da justo ahora cuando comienza el ciclo escolar.
Doncs rodarà algun cap no? IBISEC, Ajuntament? no pot ser que paguem entre tots sempre la negligència dels altres. Al Consell de Mallorca hi ha l'ADT que vigila molt eficaçment (per fi) la disciplina urbanística de molts municipis en terreny rústic, per quan una figura similar eficient per sòl urbà?
Lo más alucinante de la justicia fue derribar la casa de la Infanta Pilar en Porto-Pi por "ilegal", y luego dejar construir una más alta en el mismo solar. Igual derriban parte del colegio por ilegal y luego les dejan construir más superficie en el mismo lugar.
En Santa Maria lo mismo, construieron en terrenos donados para el beneficio de la tercera edad ( la Sra. Calafat asi lo dispuso en su donancion ) El PSM ignoró de como se llegó a estos terrenos. Es una bomba que estallara cuando alguien por una tonteria la ponga en marcha.
Si es ilegal, que lo derriben, la Ley igual para todos
Cuando veo el único comentario que está en rojo me entran no se si ganas de llorar o de vomitar. Supongo que el resto de comentaristas son los vecinos que han conseguido la machada de que derriben una escuela.