Monjo, con los ediles Eugenio Garrido y Joana Llull a la derecha, y el portavoz del PP, Martí Torres, a la izquierda de la foto. | Elena Ballestero

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El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència), ha delegado en dos regidores de su partido exclusivamente las competencias para autorizar la cesión de espacios municipales a los colectivos, entidades o ciudadanos que soliciten su uso.

Hasta la fecha, esta potestad la habían ejercido todos los concejales del equipo de gobierno formado por Convergència y el PP, con respecto a los locales que tuvieran relación con sus áreas de gestión.

El decreto firmado por Monjo estos días delega en su número dos, Eugenio Garrido, la autorización de uso de locales, edificios y dependencias municipales ubicados en Can Picafort; y a la concejal Joana Llull, la de los espacios municipales de Santa Margalida y Son Serra de Marina.

Un acto conflictivo

Se da la circunstancia de que este decreto llega pocos días después de que la concejalía de Cultura, ostentada por el PP, diera permiso al movimiento político Frente Obrero el uso de la biblioteca de Can Picafort el pasado 8 de julio para dar una charla crítica con la gestión del alcalde.

En el acto se personaron agentes de la Policía Local de Santa Margalida e identificaron a todos los presentes. El alcalde niega que la delegación de las competencias exclusivamente a regidores de su partido y el episodio ocurrido en Can Picafort guarden relación. «Mandé a la policía a identificarlos porque son actividades que se realizan en un recinto municipal, y resulta que había solo dos vecinos vileros, y los otros siete de Felanitx y Marratxí; he firmado el decreto porque esta competencia no la había delegado, y para dar más autoridad a la nueva delegada que he designado en Son Serra». El PP ha declinado comentar lo sucedido y señala que antepone la «estabilidad y gobernabilidad a estas actitudes que son nuestro pan de cada día».

El Frente Obrero recurre la multa de 6.750 euros por sus pancartas

El Frente Obrero, representado por Alexandre J. Hoffman (en la foto) ha recurrido la multa de 6.750 euros que le impuso el Ayuntamiento por colgar pancartas en la que tilda a Monjo de «cacique» y «franquista» por mantener a Joan March como Hijo Ilustre.