Entre las medidas adoptadas por la Delegación del Gobierno, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de la Serra, figura la homogeneización del límite de velocidad máxima a 60 kilómetros por hora en toda la carretera Ma-10 que atraviesa la cordillera. | Alejandro Sepúlveda

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El frente común articulado hace unos meses por la Delegación del Gobierno, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana afectados por las ‘carreras ilegales' de motocicletas de gran cilindrada por la Ma–10 (la carretera que atraviesa de sur a norte la cordillera) comienza a dar sus frutos. Por lo pronto se ha endurecido la imposición de sanciones por exceso de velocidad y cada vez son más los moteros que, por hacer de la carretera de la Serra su Jerez particular, deben rascarse el bolsillo.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha hecho balance de las principales medidas adoptadas en la Ma–10, tales como la homogeneización del límite de velocidad a 60 kilómetros por hora y la instalación de señales verticales y marcas viarias de prohibición de adelantamientos, además de reforzar los controles de la Guardia Civil y la ubicación de radares móviles. Gracias a estas medidas adoptadas tras la presión vecinal de los residentes en las inmediaciones de la carretera de la Serra (representados por la plataforma Indignats Ma–10), el número de denuncias, la mayoría por exceso de velocidad, a conductores de motocicletas creció hasta las 530 en 2021, lo que representa un incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior.

Asimismo, la Delegación del Gobierno apunta que la imposición de estas 530 denuncias, además de la correspondiente sanción económica, provocó el año pasado la retirada de 355 puntos del carnet de conducir, una cifra también superior a la registrada en 2020. Entonces, el resta de puntos se situó en los 309, tras haber sido cursadas 323 denuncias. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, valora de manera positiva la aplicación de las medidas anteriormente señaladas que son, afirma, fruto de una labor de coordinación entre las administraciones y las entidades.

Por su parte, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, añade que el próximo reto «es poner fin al problema de los ruidos de los motores, que provocan graves perjuicios sanitarios y económicos a los vecinos». En este sentido, Cladera anuncia que, en coordinación con el resto de administraciones implicadas, el Consell de Mallorca espera disponer en los próximos meses de una ordenanza común para todos los municipios de la Serra «que permita afrontar este problema con más garantías», afirma la presidenta de la institución insular.