Yllanes y Malagrava participaron en la reunión de forma telemática.

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Los gobiernos central y autonómico, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), iniciaron ayer una nueva ronda de contactos para diseñar el Convenio de Transición Justa de Alcúdia (CTJ). Se trata de un plan para amortiguar el impacto económico y de pérdida de puestos de trabajo que supone el progresivo cese de actvidad de la central térmica de Es Murterar.

La ronda de aportaciones de ayer estuvo presidida por la secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes; junto con los respresentantes de la FEMP. Participaron empresas, sindicatos, organizaciones ambientales, centros de estudios y responsables municipales. El objetivo es preparar un plan de futuro para 13 municipios de la zona y dinamizar su economía, frente al cierre de la central térmica de carbón. «El convenio que comenzamos a elaborar tiene que servir para impulsar nuevos sectores productivos, con el mayor número de propuestas y consenso posibles», apuntó Yllanes.

El Instituto para la Transición Justa del Ministerio explicó las diversas líneas de apoyo que existen tanto con recursos estatales como subvencionados por los fondos europeos. Serán prioritarias las iniciativas que permitan una diversificación económica; que generen empleo y que sean sostenibles ambientalmente. Algunas ideas que ya se han recogido son la recuperación de espacios naturales, proyectos fotovoltaicos y la reconversión de la antigua central térmica.