Més per sa Pobla ha registrado una moción que se debatirá el 3 de abril en el ayuntamiento pidiendo al Govern que ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre esos aparcamientos, locales, oficinas y viviendas en manos de un gran tenedor que se han puesto a la venta por un precio muy inferior a su valor catastral, en una operación que el partido considera «una clara maniobra especulativa».
El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa fue quien denunció que se permita la venta de un conjunto de viviendas «a precios irrisorios sin que el Govern intervenga para garantizar que estos pisos se destinen a alquiler asequible para las familias y jóvenes». Por su parte, Antoni Simó Tomàs, primer teniente de alcalde de sa Pobla y miembro de Més por sa Pobla, ha calificado la situación como «un ejemplo clarísimo de especulación inmobiliaria», en el que «un gran tenedor está reteniendo pisos vacíos mientras la realidad es de emergencia habitacional».
«No podemos permitir que estas viviendas acaben en manos de inversores privados que sólo buscan sacar beneficio económico sin retorno social alguno», ha advertido. La moción insta al Govern a ejercer el derecho de tanteo y retracto que le concede la Ley Balear de la Vivienda para adquirir estos inmuebles y destinarlos a alquiler social, preferentemente a residentes del municipio; y solicita que se incremente la regulación sobre las transacciones inmobiliarias de grandes tenedores para evitar futuras operaciones especulativas.
«Baleares es la séptima comunidad autónoma con más viviendas en manos de grandes tenedores, y sa Pobla es uno de los municipios más afectados por este fenómeno, especialmente los jóvenes y las familias», ha recordado Tomàs. Por su parte, el PSIB-PSOE exige al Govern que acelere la compra de los pisos de sa Pobla, para dar vivienda a 21 familias vulnerables y que lo haga «con la misma rapidez e interés que ha legalizado las viviendas en suelo rústico», ha reclamado la diputada Carol Marquès, según otra nota del partido.
Marquès considera que el Govern del PP no puede alegar que sólo ejercerá su derecho si no existe ningún obstáculo legal, cuando ha aprobado una ley de simplificación administrativa que ha supuesto la amnistía de miles de edificaciones en suelo rústico. La diputada ha añadido que no tener licencia de primera ocupación no debe suponer un freno para adquirir estos pisos, el argumento que utilizaron para renunciar a 88 viviendas de Metrovacessa en 2023, porque «dejarán a 21 familias sin el derecho de poder acceder a unas viviendas», una decisión «muy difícil de explicar». Marquès ha cuestionado cuántas leyes de simplificación administrativa le hacen falta al Govern para poder tramitar un final de obra o una primera ocupación. La diputada exige que se adquieran estas viviendas, «que ya están recién construidas y listas para entrar a vivir», sin «ninguna excusa».
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