La policía aborta una posible okupación en los pisos vendidos por un fondo buitre

Además, este miércoles por la noche la Policía Local y la Guardia Civil tuvieron que intervenir ante las sospechas de un intento de ‘okupación’ por parte de un grupo de personas que merodeaba por la zona y que son conocidas por haber entrado en viviendas de Muro. La rápida actuación de los agentes, que tomaron la afiliación de los sujetos, abortó cualquier iniciativa de acceder al edificio. Varios representantes municipales también estuvieron presentes para seguir de cerca el incidente.

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Los pisos vendidos por un fondo buitre no disponen del certificado de final de obra

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Aunque antes de la operación de compraventa de buena parte del inmueble ya existían diferentes medidas de antiocupación, estos días se están instalando más sistemas de seguridad, mientras operarios llevan a cabo tareas de mantenimiento y arreglos en el interior del edificio. Algunas fuentes han explicado a este diario que se está planteando la posibilidad de disponer vigilancia privada de 24 horas para evitar nuevos casos.

Mientras tanto, desde la Conselleria d’Habitatge se realizan gestiones para comprobar si el Govern puede ejercer su derecho de tanteo y retracto para adquirir el lote vendido a la inmobiliaria de Alcúdia y convertir los pisos y las oficinas en viviendas de alquiler social, algo que el departamento de vivienda ve con buenos ojos si se resuelven las cuestiones legales tras «disponer de información contrastada».

Como informó este diario, la práctica totalidad de los 21 pisos que han entrado en la operación de compraventa no disponen del certificado de final de obra. Tampoco tienen instaladas las cocinas y el mobiliario de baño, además de carecer de suministro eléctrico. De la misma forma, los 54 aparcamientos no cuentan con la correspondiente licencia de actividades y no constan sistemas contraincendios y otras medidas que se exigen en este tipo de infraestructuras. Esta situación podría suponer una dificultad añadida a las intenciones de compra del ejecutivo balear, al tener que plantearse la reforma de las zonas comunes, la instalación de ascensores o la dotación de las zonas de cocina y aseo.