La entrada en vigor del Decreto de Financiación Selectiva de
Medicamentos («medicamentazo») ha permitido unos ahorros de 10.000
millones de pesetas en el último cuatrimestre del año, que se
destinarán a otras necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS),
como la apertura de mayor número de quirófanos de tarde, la
construcción de nuevos centros de salud, la extensión del servicio
061, etc.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado el ministro de
Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, sobre la aplicación del
polémico «medicamentazo», ya que a su juicio la nueva lista
negativa de medicamentos «no ha mermado en absoluto la calidad
farmacéutica», sino que está permitiendo «racionalizar la
prescripción». Romay destaca que ninguna administración sanitaria
ha recibido «ni una sola» queja de pacientes o profesionales en
relación con esta medida.
Acercar la política farmacéutica española a la de los países
europeos es uno de los objetivos del Ministerio que dirige Romay y
es, además, la justificación para excluir algunos fármacos de la
financiación pública. A este mismo objetivo corresponde el
desarrollo de los genéricos (200 aprobados a finales de 1998, de
los que 100 se comercializan ya en farmacias), la próxima
instauración de los precios de referencia (prevista para el primer
trimestre de 1999), el control informático de las recetas, la
reducción de los márgenes de las oficinas, o la legislación sobre
la apertura de nuevas farmacias.
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