El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, señaló
que el requerimiento realizado ayer por el Gobierno a la Junta de
Andalucía es un paso administrativo previo para presentar ante el
Constitucional un conflicto de competencias, ya que el Gobierno de
la nación entiende que la Junta de Andalucía ha asumido funciones
que no le corresponden.
A su juicio, la medida del Gobierno andaluz atenta al principio
de igualdad de los españoles ante el sistema de pensiones, además
de poner en peligro la unidad y viabilidad de éste, por lo que
entiende que la decisión del Ejecutivo que preside Manuel Chaves
«abre un camino peligroso y suicida».
Según el ministro, la Junta dispone ahora de un plazo de treinta
días para asumir el requerimiento y derogar o modificar la norma
por la que subió por encima del IPC las pensiones no contributivas,
rechazar la iniciativa del Ejecutivo central o directamente no
contestar a ella.
Manuel Pimentel aseguró que en un tema «tan importante como las
pensiones» cualquier decisión debería ser acordada por todas las
fuerzas políticas y debería garantizar la igualdad en todos los
territorios del país.
El ministro de Trabajo añadió que era «una suerte contar con el
Pacto de Toledo» por el que «todas las fuerzas políticas acordaron
un sistema de pensiones que garantiza su viabilidad, que permitía
la igualdad de todos los españoles», garantizaba también que
subirían cada año «según el IPC y por ley», además de que «retiraba
del mercadeo político el debate de las pensiones».
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