El ministro de Trabajo acusó nuevamente a su presidente, Manuel
Chaves, de actuar con «deslealtad constitucional» por decretar
dicho incremento. Sin embargo, el máximo mandatario andaluz restó
importancia a la suspensión y garantizó que el pago «es legal y se
mantiene».
Pimentel recordó, en los pasillos de la Cámara Baja, que su
partido «respeta» la decisión del Alto tribunal y dijo estar a la
espera de que se pronuncie sobre la capacidad de alcaldes,
candidatos a alcaldes y presidentes autonómicos para modificar el
nivel de las pensiones.
En este sentido, dejó clara su postura al destacar el caos que
supondría que en cada pueblo, región o ciudad, hubiera unas
pensiones distintas.
Y es que el Gobierno central considera que la decisión de Chaves de
incrementar en un 1'8 por ciento la subida aplicada por el
Ejecutivo de Aznar (también del 1'8 por ciento) en materia de
pensiones supone una intromisión en sus competencias, puesto que
estas prestaciones forman parte de la Seguridad Social (SS), por lo
que su cuantía tiene que ser decidida por las Cortes Generales.
En este sentido, el titular de Trabajo recordó que la Junta
«rompió la caja única de la SS» y se mostró esperanzado de que «se
le pasen las prisas al PSOE ante la campaña electoral y prospere la
sensatez y la madurez que se le supone a un partido tan
importante».
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