Asuntos Sociales anima a denunciar a las residencias ilegales para mayores

Amalia Gómez dijo ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en rueda de prensa, que a las residencias ilegales de ancianos, que según recientes estimaciones de la Federación de Residencias Privadas, atienden a unas 2.000 personas en España, deben ser denunciadas y cerradas.

Aunque apuntó que las competencias en esta materia son «exclusivas de cada Comunidad Autónoma», señaló que la propia normativa y el Plan Gerontológico establecen requisitos de acreditación y también de seguimiento y control.

Tras el cierre la pasada semana de la residencia «La alegría de vivir» de Dos Hermanas, de donde varios ancianos fueron trasladados a «Nuestra señora del Dulce Nombre», residencia ilegal que también fue cerrada, Amalia Gómez dijo ayer que «lo ocurrido ha sido una llamada de atención para todas las administraciones». «Todo el mundo debe denunciar ante los servicios sociales pertinentes, cuáles son o pueden ser, desde la salvedad de la presunción, la existencia de residencias irregulares en pisos, casas rurales o cualquier otro sitio» indicó la secretaria general de Asuntos Sociales. A su juicio hay que establecer plazos para que las residencias se pongan «en línea» con los requisitos e impedir así que haya residencias que son «ilegales, clandestinas, o que simplemente pretenden sobrevivir a costa de la pobreza de algunos mayores», dijo.

Por otra parte, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene ya preparado un borrador del proyecto de ley sobre los derechos que asisten a las personas internadas en residencias de mayores, niños o discapacitados que el Defensor del Pueblo ha demandado repetidamente al Gobierno.