«Hemos creado un equipo especial de investigadores que se va a
encargar de este asunto en tanto el empleado industrial sospechoso
de negligencia se recupera de sus heridas», indicó un portavoz de
la Policía de Ibaraki, la prefectura donde se encuentra la planta
nuclear.
«Sospechamos que el trabajador violó la ley de reglamento de las
instalaciones nucleares del país», dijo, precisando que los
policías habían comenzado el interrogatorio de los responsables de
JCO Co., una filial del grupo privado Sumitomo Metal Mining. La
compañía JCO reconoció haber permitido, en un manual de
procedimientos que no fue autorizado por los poderes públicos, la
manipulación de uranio enriquecido en simples contenedores de
acero.
Uno de los representantes de la compañía, Hideki Motoki, afirmó
que «la sociedad ha funcionado durante cerca de cuatro años según
normas que no se ajustaban a las obligaciones legales», tras
cambiar el procedimiento de explotación sin la aprobación de las
autoridades.
De esta forma, los empleados estaban autorizados a moverse en
las cercanías del uranio en vías de fabricación en los contenedores
de acero inoxidable. No obstante, Motoki matizó que «no está
probado que estas excepciones al procedimiento sean la causa del
accidente». Los expertos estiman que, aunque no sea causa de
accidente, la utilización de contenedores de acero inoxidable ya
demuestra negligencia en las medidas de seguridad.
La fuga de uranio, que tardó veinte horas en ser controlada,
también ha puesto en evidencia la vigilancia ejercida por las
autoridades sobre la industria nuclear. Desde el primer momento se
habló de error humano, tras constatar que los técnicos vertieron 16
kilos de uranio en un recipiente con capacidad para sólo 2'4 kilos.
Un total de 50 personas, entre ellas dos operarios de la fábrica
que se encuentran en estado crítico, resultaron afectadas por las
radiaciones.
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