El Gobierno estudia la posibilidad de que el futuro Servicio Civil
esté formado, inicialmente, por unos 12.000 jóvenes. Esta cifra se
encuentra reflejada en el documento de trabajo, todavía en fase de
borrador, elaborado por el grupo de trabajo en el que están
representados, entre otros Ministerios, Justicia y Trabajo.
La posibilidad de crear un Servicio Civil se encuentra
contemplada en el artículo 30 de la Constitución y es la solución
que estudia el Ejecutivo para minimizar el impacto de la
desaparición de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) sobre
servicios sociales básicos y, al tiempo, contribuir al desarrollo
personal, social y profesional de la juventud. Según el citado
documento, presumiblemente, y al menos en una primera etapa, el
número de programas y puestos de actividad del Servicio Civil sería
menor que en la PSS. El texto añade que, suponiendo una
incorporación inicial de en torno a los 12.000 jóvenes, apenas
representaría una décima parte de los actuales destinos en materia
de objeción de conciencia.
En cuanto a su organización, en el texto de trabajo se señala
que tras el reconocimiento de las entidades colaboradoras
interesadas y de la presentación y aprobación de programas, se
realizaría una convocatoria para presentar solicitudes. Aunque se
señalan como posibles opciones la apertura de una bolsa de
programas permanentemente actualizada o bien la realización de una
convocatoria anual, sin plazo límite de recepción de solicitudes y
asignación de programas en la medida de la existencia de vacantes,
en el texto se apuesta por esta segunda al considerársela «más
idónea». Respecto a la financiación del Servicio Civil, se indica
que exigiría una menor dotación presupuestaria, o al menos una
distinta distribución de las partidas, que los 4.300 millones de
presupuesto con que cuenta la Dirección General de Objeción de
Conciencia.
En este sentido, se señala que la estructura organizativa del
Servicio Civil sería, en principio, más sencilla que la Dirección
General de Objeción de Conciencia, que los recursos humanos
precisos para su gestión serían un 40 o 50 por ciento inferiores y
que el número de programas y puestos de actividad del Servicio
Civil sería, al menos en una primera etapa, menor que en la
PSS.
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