Ante las quejas que se han sucedido desde diferentes sectores por
la escasez de recursos existentes para que miles de inmigrantes
regularicen su situación, el director general de Política Interior,
José Ramón Onega, aseguró ayer que el Gobierno tiene los medios
humanos y materiales necesarios para realizar el proceso, y recordó
a los inmigrantes que las colas no son necesarias porque cuentan
con cuatro meses para poner en orden su situación. Sin embargo, los
socialistas acusan al Gobierno de lanzar mensajes contradictorios y
de no tener voluntad de aplicar la nueva ley.
La representante socialista en la Ponencia de la Ley de
Extranjería, Matilde Fernández, acusó al Gobierno de llevar a cabo
gestos antidemocráticos en la aplicación de la Ley, y manifestó su
sospecha de que el caos ha sido provocado por algunos miembros del
Gobierno que han manifestado desde el principio que no les gustaba
la ley.
«Toda persona del PP que ha tocado esta ley y se ha mostrado a
favor, sus cabezas han sido cortadas. Yo no recuerdo en la
transición y democracia en este país que una ley haya supuesto el
abandono del ministro de Trabajo, de la secretaria general y Diego
Jordano, portavoz parlamentario del PP», comentó la diputada
socialista.
En referencia a la ampliación del período para regularizar la
situación de los inmigrantes, apuntó que lo lógico sería tener un
plazo de seis meses, aunque cuatro es el mínimo.
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