El Consulado General de España en Miami no prestó la debida
atención a Joaquín Martínez, el español acusado de un doble
asesinato en Tampa en 1996, cuando fue juzgado y condenado a
muerte. Así informaba ayer El País, que citaba testimonios de los
familiares y documentos escritos del propio acusado en los que
pedía protección consular que tardaron meses en ser remitidos al
Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.
Según la Oficina de Información Diplomática (OID), la protección
consular que los representantes diplomático deben prestar a los
ciudadanos españoles detenidos en el extranjero incluye la
información al interesado sobre su situación y la colaboración en
la medida en que el detenido lo desee. Sin embargo, Joaquín no
recibió ayuda y ni siquiera fue visitado en la prisión donde se
encontraba recluido por el entonces cónsul general en Miami, Carlos
Abella, actual embajador ante la Santa Sede. Abella declaró a El
País no haber tenido noticia del caso y aseguró que, de haberlo
conocido, habría actuado igual que en otros casos, en los que se
hicieron visitas a los detenidos y se prestó la asistencia legal
necesaria. «Nunca supe ni de esa carta ni de ese señor», aseguró
Carlos Abella.
Pero los familiares del condenado aseguran que conocían el caso.
«Si hubiéramos tenido asistencia legal consular al principio,
cuando fue acusado, seguro que mi hijo no estaría donde está. Pero
Abella no movió ni un dedo», aseguró a este diario Joaquín Martínez
padre. «Abella nunca nos atendió en su despacho, sólo de pasada, un
minuto y en la puerta, nos daba la mano y decía que estaba muy
ocupado, pero no nos decía 'vuelvan ustedes en tal o cual fecha,
que les atiendo'. En una ocasión que le rogamos que hablara con
nosotros nos dijo que se tenía que ir a la jura de bandera de los
españoles que había en Miami y a la fiesta que había después».
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