El informe anual del Defensor del Pueblo destaca este año que
veinte ayuntamientos, entre los que se encuentran los de Ciutadella
(Menorca), Alicante, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, han
entorpecido su labor al no haber remitido la información solicitada
pese a habérsela requerido en tres ocasiones. El informe menciona
también las administraciones que, aunque han contestado, no han
colaborado por distintas causas, entre las que se encuentran cinco
consejerías de comunidades autónomas y 10 ayuntamientos, entre
ellos, los de Bilbao y Zamora.
Según este informe, la negativa por parte de un funcionario o de
sus superiores responsables, al envío del informe inicial
solicitado por el Defensor del Pueblo puede ser considerada como
«actitud hostil o entorpecedora» de sus funciones. El informe del
Defensor matiza que en la mayoría de los ayuntamientos puede tener
cierta explicación el retraso en contestar, por falta de
presupuesto y personal, pero carece totalmente de justificación
cuando se trata de grandes municipios dotados de personal
cualificado.
Hasta el momento no se ha utilizado la potestad que confiere el
artículo 502.2 del Código Penal que tipifica como reo del delito de
desobediencia a la autoridad o funcionario que obstaculice la labor
del Defensor del Pueblo, pero no se descarta, según el informe,
utilizar dicha vía ante posibles comportamientos «reiteradamente
hostiles» a la labor de esta institución. Además de los 20
ayuntamientos que a 31 de diciembre de 2000 no habían remitido la
información tras serles enviado un tercer requerimiento, se
encuentran otros organismos como la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Comunidad de Madrid, la subdelegación del
Gobierno de Lérida y la Comunidad de Regantes de Alcubillas Altas
(Almería).
El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) aparece en la
relación de organismos que no han contestado a los requerimientos
sobre amortización de vivienda y suministro de agua y también en la
lista de entidades que no colaboran, al no haber informado
correctamente sobre la oferta de compraventa del grupo de viviendas
de San Fermín. El Ayuntamiento de Alicante no ha contestado a los
requerimientos efectuados sobre conservación de edificios; el de
Sevilla, a la solicitud sobre accesos a viviendas; el de Cartagena,
respecto a un desalojo en Monte Casillas; y el de Las Palmas de
Gran Canaria, en referencia a una caída debido a un desnivel.
Además de los ayuntamientos mencionados, el informe acusa también
de no contestar a seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a
tres de Castilla y León.
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