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SOS Racismo requirió ayer «una actuación urgente» de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno en Cataluña para solucionar la situación de 85 inmigrantes subsaharianos sobre los que pesa una orden de expulsión no ejecutable. Estos emigrantes proceden de países que no han firmado con España un convenio de repatriación y se encuentran acogidos en hoteles y pensiones barcelonesas hasta el 4 ó 30 de noviembre, según los casos.