Los padres de los alumnos del colegio público García Quintana de
Valladolid han montado una guardería provisional en la parroquia de
San Andrés como alternativa para dejar a los niños, mientras no se
clarifique la influencia de un parque de antenas que está a pocos
metros del centro y que los padres sospechan que es la causa de los
cuatro casos de cáncer que ha aparecido en la comunidad escolar. A
pesar de que el Tribunal de Justicia de Castilla y León ordenó la
reapertura del centro, que había sido clausurado por el Gobierno
regional, sólo cuatro alumnos acudieron ayer a clase. Aunque a
primeras horas de la mañana llegaron seis niños, a los pocos
minutos dos de ellos abandonaron las instalaciones.
La Asamblea de Padres de Alumnos del centro habían instalado una
mesa a las puertas del centro desde la que se intentó convencer a
los padres para que no llevaran a sus hijos a las aulas hasta que
no se realicen las mediciones radiactivas. El presidente de la
Asociación de Consumidores de Castilla y León, Jesús Ulloa, se
presentó en las puertas del colegio invitado por la Asamblea de
Padres para realizar algunas mediciones simbólicas tanto dentro del
inmueble como en sus inmediaciones con un contador Geiger-Muller.
Sin embargo, el director del colegio, Emilio Durán, le pidió que
saliera del centro, al no contar con una autorización para efectuar
las mediciones.
Por eso, optó por realizar las mediciones a las puertas del
centro, donde el contador obtuvo valores en el aire de entre 0'017
y 0'019 milirogten/hora, que calificó de «normales». En este marco
se está a la espera de que el Ayuntamiento de Valladolid revise
todas las antenas de telefonía de la ciudad para que las que no
cumplan el requisito de distancia mínima sean reubicadas en un
plazo que aún no ha sido determinado después de que se aprobara una
moción de IU. Mientras, el Defensor del Pueblo informó ayer de que
ha acordado iniciar actuaciones con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, al entender que las directrices establecidas en el
decreto de 28 de septiembre del año 2001 «pudieran no ser
completamente eficaces para minimizar los niveles de emisión
radioeléctrica», por lo que éstas deben replantearse.
En un comunicado difundido ayer, el Defensor del Pueblo informa
de esta iniciativa tras los cuatro casos de cáncer infantil "tres
de leucemia y uno de linfoblastia" aparecidos en el colegio de
Valladolid. Según el Defensor, estos casos «obligan a replantear el
marco en el que se deben desenvolver los principios de prevención y
protección de la salud pública frente a emisiones radioeléctricas».
El Defensor entiende que las directrices del Real Decreto citado
«pudieran no ser completamente eficaces para minimizar los niveles
de emisión radioeléctrica sobre espacios sensibles tales como
escuelas, centros de salud, hospitales o parques».
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