El texto, que entrará en vigor el próximo verano, iniciará en las
próximas semanas su tramitación parlamentaria. La ministra de
Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, afirmó que con esta nueva Ley
el Gobierno ha querido reforzar el compromiso con la implantación
de la sociedad de la información para todos. La normativa ha sido
elaborada por Ciencia y Tecnología en colaboración con Justicia,
Economía, Sanidad y Consumo y ha contado con la colaboración de
todo el sector.
El anteproyecto engloba dentro de los servicios de la sociedad
de la información no sólo la contratación de bienes y servicios por
vía electrónica, sino también el suministro de información por este
medio y las actividades de intermediación para la provisión de
acceso a la Red. La ley, que sólo afectará a las actividades
comerciales y no a las páginas personales que no generen ingresos a
sus titulares, establece sanciones para las irregularidades "cuya
cuantía podrá oscilar entre los 3.000 y 600.000 euros" y estipula
determinadas responsabilidades sobre los contenidos que circulan
por la red.
Al tiempo que establece sanciones para irregularidades en el
comercio electrónico, refuerza la protección de los usuarios frente
al envío de publicidad no solicitada por correo electrónico. La ley
garantiza, además, la protección de los datos personales y estipula
determinadas responsabilidades sobre los contenidos que circulan
por la red. «La ley se limita a regular aquellos aspectos que son
propios de la especialidad del medio, sea Internet o las otras
comunicaciones electrónicas, empleados para la prestación de
servicios». Así, los proveedores de servicios de Internet no
tendrán que supervisar los datos que transmitan o almacenen, pero
deben colaborar con las autoridades para evitar o poner fin a la
comisión de delitos o actividades ilícitas en la red.
Esta nueva Ley de Internet lo que hace realmente es equiparar
las reglas del juego de la compra-venta tradicional al medio
virtual. A partir de la entrada en vigor de esta normativa quien
quiera vender en la red deberá identificarse, los productos
prohibidos o ilegales podrán retirarse y un juez, "sólo un juez,
según reiteró Birulés" podrá ordenar el cierre de una página web.
La LSSI tiene su origen en la Directiva Europea sobre la materia de
junio de 2000, que conminaba a los estados miembros a transponer su
articulado a las legislaciones nacionales antes del 17 de enero.
Por ello, el 29 de septiembre de 2000 Ciencia y Tecnología elaboró
su primer dictamen, con la intención de que los trabajos
concluyeran a tiempo.
Sin embargo, la polémica rodeó al anteproyecto desde su
nacimiento debido a la decisión del Gobierno de exponer los
primeros borradores de la LSSI en la Red para recibir las
recomendaciones oportunas por parte de empresas, colectivos y
particulares, a lo que se unió la demora en la recepción de algunos
dictámenes. Tanto los partidos de la oposición como colectivos
internautas han mostrado su recelo ante esta Ley. IU la rechaza por
«restrictiva y autoritaria y considera que da vía libre a la
«cibercensura» El PSOE, por su parte, afirma que la «falta de
transparencia» del Gobierno puede ocultar «su deseo de controlar
Internet»
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