La Comisión Europea propuso ayer que los quince Estados miembros
compartan los costes económicos y operativos del control de las
fronteras exteriores, en un proceso que desembocaría, a medio
plazo, en la creación y formación de un cuerpo europeo de guardia
de fronteras. Bruselas quiere con estas orientaciones garantizar
una gestión integrada de las fronteras de la Unión Europea que sea
verdaderamente comunitaria y no sólo una yuxtaposición de sistemas
nacionales. Busca soluciones operativas para mejorar el control de
las fronteras exteriores y hacer comprender que libre circulación
dentro de la UE no rima con inseguridad para los ciudadanos ante
los fenómenos migratorios.
El Gobierno de Melilla tras mantener una reunión de urgencia,
decidió no devolver las competencias sobre los menores inmigrantes
al Estado, tal y como anunció ayer tras admitir que la ciudad
autónoma estaba desbordada por el incremento de menores que
llegaban a la ciudad para ser acogidos. Las autoridades locales
mantendrán una reunión con responsables del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para acordar un posible aumento del presupuesto
para este fin.
Está previsto que el próximo día 16 mantengan una reunión con
responsables estatales para acordar posibles ayudas económicas para
atender a los menores que lleguen a la ciudad. No obstante, la
consejera de Bienestar Social, Isabel Quesada, subrayó que tal y
como anunció ayer, no se decretará la situación de desamparo a los
menores que lleguen, sino que se ha decidido que se les considerará
como chicos «en situación de riesgo».
Esta diferencia administrativa implica que el Ejecutivo
autonómico, aunque dará los servicios básicos que precisen los
menores (alojamiento, alimento, sanidad y educación), no se
encargará de su tutela y hará lo posible por localizar a la familia
y devolverlos a su país de origen, que en la mayoría de los casos
es Marruecos.
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