El ingreso forzado de los denominados «niños de la calle» en estos
centros «de acogida» deberá ser, según señala la ley, «el último
recurso a emplear y sólo se podrá acordar cuando no sea posible
utilizar» otras medidas menos contundentes, como su presencia en
centros socioeducativos diurnos o el alojamiento nocturno de corta
estancia. La reforma legislativa subraya que «es necesario que la
ley prevea la posibilidad de restringir o suprimir con carácter
temporal las salidas de estos menores de los centros de
internamiento en los que se encuentren, con la finalidad de que la
entidad pública pueda llevar a cabo el ejercicio de sus funciones
tutelares».
Además, la Administración podrá decidir el ingreso de menores
desamparados e indocumentados en los centros de acogida, pero esta
medida deberá ser temporal (30 días prorrogables) y notificada al
fiscal y al juez, en caso de que el joven o su representante no
estén de acuerdo. Se estima que por las calles de Barcelona y
municipios próximos «vagan» entre 300 y 400 menores, muchos de
ellos desamparados e indocumentados, que han entrado ilegalmente en
el país y que principalmente proceden de países magrebíes. Hasta
ahora estos adolescentes, que según la policía suelen llevar a cabo
pequeños hurtos para sobrevivir y «esnifan» cola, sólo permanecían
en los centros de la Generalitat voluntariamente, pero muchos de
ellos preferían permanecer en las calles ante la desconfianza que
les producían los centros.
El Departamento de Justicia asumirá, además, de forma
automática, las funciones tutelares sobre los «niños de la calle»
hasta su mayoría de edad, e incluso se reserva la posibilidad de
pedir al juez que suspenda la potestad del padre o de la madre
cuando estos provoquen al menor una situación de «desamparo». El
conseller de Justicia, Josep Delfí Guardia, que ha defendido la
reforma de la ley, ha indicado que «no podremos de inmediato
construir nuevos centros, pero si que se podrán adecuar los
existentes en un plazo prudencial», y ha añadido que algunas
instalaciones que acogen ahora a niños se transformarán en centros
para adolescentes. La ley, muy criticada por los grupos de la
izquierda cuando fue aprobada por el ejecutivo y remitida a la
comisión del Parlament, ha sido modificada en diversos aspectos
para garantizar que los derechos de los menores no puedan ser
vulnerados. Por este motivo, el proyecto de ley ha contado con el
voto favorable de todos los partidos.
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