Ley de parejas de hecho, una reivindicación de los homosexuales.

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OTR/PRESS-OVIEDO El Parlamento asturiano aprobó ayer, con la única oposición del PP, la Ley de Parejas Estables, que equiparará las parejas de hecho a los matrimonios en una serie de derechos sobre los que tiene competencia la Administración autonómica, aunque no generará derechos a pensiones ni indemnizaciones en caso de que se disuelva la pareja o la muerte de uno de los miembros. La ley, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se aprobó con los votos de PSOE, IU y la Unión Renovadora Asturiana (URAS), y con los votos en contra del PP, que ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, que deberá presentar la dirección general del partido.

El Consejero de Asuntos Sociales, José García, justificó la norma en que «no existen pruebas que confirmen que existen perjuicios para el menor en caso de que conviva con personas que no sean heterosexuales». «La realidad y los hechos nos dicen que no tiene sentido cuestionar si las parejas homosexuales pueden formar una familia», aseguró García. El PP, por su parte, justificó su oposición asegurando que la legislación vigente no contempla la adopción por parejas del mismo sexo, y lamentó que se esté instrumentalizando al menor.

La norma aprobada contempla la posibilidad de acoger a menores, de forma simple o permanente y de acuerdo con la legislación vigente, a las parejas estables, definiéndolas como «la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, de dos personas mayores de edad con independencia de su sexo». Además, la ley establece un mínimo de un año ininterrumpido de convivencia marital para considerar una pareja de hecho como estable, salvo «en caso de que se hayan constituido como pareja estable en documento público o se hayan inscrito en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias».

La nueva norma también equipara las parejas de hecho, heterosexuales u homosexuales, con los matrimonios convencionales en una serie de derechos sobre los que tiene competencia la Administración autonómica, que reconocerá a sus empleados las mismas prestaciones en ambos casos en materia laboral y de vivienda. La norma no olvida las limitaciones legales que impiden equiparar a las parejas de hecho con los matrimonios, como es el derecho a reclamar pensiones compensatorias en caso de que se disuelva la pareja o indemnizaciones por muerte de uno de los miembros.