El objetivo del texto es según el Gobierno, «impulsar un sistema
efectivo de calidad y oportunidades para todos», unas cualidades
que no son percibidas de la misma manera desde la oposición y los
sindicatos. Todos ellos consideran que la ley fomenta la
segregación de los alumnos y que se favorece la educación
concertada. Con esta ley, el Ministerio de Educación pretende
«reducir el índice de fracaso escolar, elevar el nivel de formación
de los alumnos, fomentar la cultura del esfuerzo y mejorar las
condiciones para el desarrollo de la función docente». Para ello
suprime la promoción automática, una medida que implica que los
alumnos con tres o más asignaturas suspendidas repetirán curso, «y
que evitará espejismos que sólo conducen al fracaso escolar», según
explicó la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otro lado, en tercero y cuarto de la ESO se abrirán
distintos itinerarios, que serán de libre elección con la
orientación del centro. Todos ellos conducirán al mismo título. La
elección es reversible. Además, se establecen pruebas
extraordinarias de recuperación en Secundaria y se permitirá dar
por aprobada la ESO de manera excepcional a alumnos que hayan
suspendido una asignatura. Igualmente, se establece una Prueba
General de Bachillerato (PGB), «tal como ocurre en la mayoría de
los países de la UE», para homologar los conocimientos. La nota del
título de Bachiller será la media del expediente y la calificación
de la PGB. La Ley también establece Programas de Iniciación
Profesional, con una duración de dos años, que sustituyen a la
actual Garantía Social, y que significan una nueva opción
conducente a título para aquellos estudiantes que no consigan los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Del mismo modo,
se desarrolla la evaluación del sistema educativo a través de
pruebas de diagnóstico.
Estas novedades no fueron bien acogidas por PSOE, IU, CC OO, UGT
y Sindicato de Estudiantes. La secretaria de Educación,
Universidad, Cultura e Investigación, Carme Chacón del PSOE, creyó
que el proyecto «es un claro exponente de la política segregadora
del Gobierno ya que se rinde al fracaso escolar con una
discriminación temprana». Para el secretario general de IU, Gaspar
Llamazares, el texto «limita las posibilidades de acceso a estudios
superiores de los jóvenes con menos recursos y de clase
media-baja».
Los sindicatos tampoco vieron bien la reforma. FETE-UGT, CC OO y
el Sindicato de Estudiantes criticaron la falta de presupuesto. UGT
cree que el texto es una operación cosmética del Gobierno y criticó
especialmente el itinerario para iniciación profesional al
calificarlo de un itinerario basura que «sólo servirá para aparcar
a alumnos». Por su parte, el sindicato de Estudiantes hizo un
llamamiento a la huelga general de la comunidad educativa durante
el mes de octubre. Jara Pérez, miembro de la Ejecutiva Estatal del
SE, denunció que la norma dificulta el acceso a la educación
universitaria a través de la PGB y la implantación de itinerarios
de primera y segunda categoría.
Además cree que el Ejecutivo debería «aumentar la inversión para
motivar a los alumnos de 14 años desmotivados en lugar de
desviarlos hacia caminos basura». En cuanto a las asociaciones de
padres de alumnos, CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de
Padres de Alumnos) coincide sobre las críticas sobre la segregación
de alumnos y la falta de recursos mientras que Concapa
(Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos) aplaudió la
supresión de la promoción automática y pidió «garantías» sobre la
gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, unos cursos que
los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados tienen que
pagar al no estar subvencionados.
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