La policía ha trasladado a centros de internamiento de Madrid a un
grupo de 30 inmigrantes que habían participado en el encierro de la
Universidad de Sevilla y que se les había notificado la expulsión
con anterioridad. Según la red de apoyo a los inmigrantes
encerrados, la Universidad y el Defensor del Pueblo son los
«responsables y copartícipes» del «nefasto» desenlace del encierro.
La estricta aplicación de la Ley de Extranjería, tal y como había
advertido el Gobierno a los inmigrantes encerrados en la UPO, está
resultando en una gran bolsa de expulsiones, al no contar con los
requisitos suficientes para permanecer en España. Hasta el momento
cien de los 275 desalojados el jueves por las fuerzas de seguridad
deberán volver a sus casas, según ha informado ya la policía a los
propios interesados.
Mientras, partidos políticos y organizaciones sociales siguen
enzarzadas en un 'rifi"rafe' en el que de momento lo único claro es
que los inmigrantes han sido manipulados. Por sus propios
congéneres, según los partidos políticos; por el Gobierno de
Andalucía y la rectora de la Universidad, según el PP; por la
Universidad y por la rectora, según la red de apoyo a los
inmigrantes. Una tela de araña en la que todavía siguen coleando
las declaraciones. El secretario general del PP"A, Antonio Sanz,
pidió ayer la dimisión de la rectora, la socialista Rosario
Valpuesta, y exigió responsabilidades en el Gobierno andaluz por
alentar el encierro de inmigrantes en las dependencias
universitarias.
Sanz cree que la rectora ha quedado desacreditada porque ha
puesto de manifiesto intereses políticos espúreos al sumarse a la
operación política de desgaste del Gobierno de la Nación de cara a
la huelga general del 20 de junio y la Cumbre de Sevilla. Por su
parte, la secretaria del Area de Relaciones Internacionales del
PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que las autoridades hicieron
lo que tenían que hacer en ese momento ya que la situación en la
Universidad no se podía mantener por más tiempo.
Por otra parte la Guardia Civil detuvo ayer a 22 inmigrantes
indocumentados de origen subsahariano, once de ellos mujeres, en un
paraje costero de Tarifa (Cádiz), donde desembarcaron para acceder
a la península tras cruzar de forma clandestina el Estrecho de
Gibraltar. Según la Guardia Civil, los inmigrantes, once varones y
once mujeres, fueron localizados sobre las 12.00 horas cuando
deambulaban por la zona conocida como Puntazo Mina, cerca de la
batería militar de Paloma Baja.
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