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EFE-LAGOS El tribunal islámico de apelación de Funtua, en el norte de Nigeria, confirmó ayer la sentencia de muerte contra Amina Lawal, una divorciada de 30 años condenada por una corte islámica a principios de este año a morir lapidada por haberse quedado embarazada. Según la sentencia, la condenada será lapidada a partir de enero de 2004, cuando termine de criar a su hija de ocho meses. Lawal fue condenada a la pena capital tras ser hallada culpable de «adulterio», según prescribe la sharia o ley islámica, ordenamiento jurídico-religioso basado en el Corán que rige en 12 de los 18 Estados del norte nigeriano donde predomina la creencia musulmana, al contrario que en los Estados del sur, en su mayoría cristianos y animistas.

De haber sido una persona soltera Amina habría sido acusada del «delito» de «fornicación», punible por las leyes islámicas con cien latigazos. La mujer fue sentenciada a muerte tras admitir haber mantenido relaciones sexuales con un vecino de su aldea, que le prometió contraer matrimonio con ella tras divorciarse de su segundo marido y que fue exonerado por el tribunal por «falta de pruebas». En la apelación, Lawal, que se casó por primera vez a los 14 años, dijo que Wasila, su tercera hija y fruto de las relaciones sexuales que la han conducido a la pena de muerte, fue concebida por su antiguo marido de quien se divorció cuando ya estaba embarazada de dos meses. Según la mujer, el embarazo se mantuvo en estado «latente» y solo comenzó a desarrollarse ocho meses «después del divorcio».

El caso cuenta con la simpatía del Gobierno federal nigeriano, bajo presión de la comunidad internacional para derogar esa y otras sentencias de muerte impuestas por los tribunales musulmanes establecidos en los Estados norteños. Desde que se volvió a instaurar en Nigeria un Gobierno civil en 1999, tras décadas de regímenes militares, las comunidades islámicas del norte pidieron, por medio de demostraciones multitudinarias, la reintroducción de la sharia, en respuesta a un incremento alarmante de la inseguridad en todo el país. Pero desde entonces agrupaciones de abogados, varias de ellas musulmanas, y organizaciones para la defensa de los derechos humanos han desafiado la aplicación del «código islámico» bajo los argumentos de que la interpretación nigeriana de la sharia es «extrema» y que los juicios han sido conducidos de manera «injusta».

Es el caso del director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que afirmó que la confirmación de la sentencia de muerte para Amina Lawal por parte del tribunal islámico de apelación del estado nigeriano de Funtua, es «un paso atrás para los derechos humanos». Los abogados de Amina Lawal han informado que recurrirán ante el Tribunal Supremo de Nigeria, tras conocer la decisión del tribunal de apelación de Funtua. La pena capital que prescribe la ley islámica para los adúlteros se cumple es la lapidación.