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EFE.Madrid. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), más conocida como «Ley de Internet», ha entrado hoy en vigor, salvo las disposiciones que modifican la Ley General de Telecomunicaciones, que empezaron a aplicarse hace ya tres meses. Esta ley, que fue aprobada el pasado 27 de junio por el Pleno del Congreso con el apoyo del Partido Popular, de Convergencia i Unió y de Coalición Canaria, regula la actividad de quienes prestan servicios en la red con ánimo de lucro ubicados en España. La LSSI intenta, entre otras medidas, igualar las actividades económicas en Internet a las tradicionales, prohibir la publicidad masiva sin permiso previo y fomentar la solución extrajudicial de conflictos. Además, incluye medidas que suscitaron las críticas de la oposición y de otros grupos sociales y que durante su debate parlamentario motivaron la presentación de nueve enmiendas a la totalidad, 345 parciales en el Congreso y otras 187 en el Senado. Entre estas medidas, una de las más discutidas, tanto por su contenido como por la vía por la que se introdujo -a última hora en el Senado-, fue la obligación de que las empresas almacenen durante un año los datos de navegación de todos los internautas. Estas empresas que ofrecen acceso a Internet también tendrán que retirar o hacer imposible el acceso a los contenidos que sean ilegales. También se introdujeron a última hora en el Senado la regulación de los dominios «.es», que en principio se iba a hacer a través de un proyecto de Ley bajo la forma de «Plan Nacional», y la sustitución de las líneas telefónicas rurales. Estas líneas (unas 255.000 en España) no permiten que los abonados accedan a Internet a través de ellas, por lo que el Gobierno ha establecido a través de la nueva ley que todas sean sustituidas antes del 2004, un plazo que para el PSOE y el Grupo Mixto es excesivo y que incluso CiU pidió que se agilizara. Respecto a los juegos de azar, la ley intenta incrementar las garantías de los usuarios al establecer que las obligaciones de información y transparencia por parte de los prestadores de estos servicios, las condiciones para la válida difusión de publicidad sobre los medios electrónicos y los deberes que tiene que cumplir en relación a la contratación electrónica. También incorpora un conjunto de disposiciones destinadas a favorecer la plena integración de los discapacitados en la sociedad de la información, como su participación activa en la elaboración de los códigos de conducta que les afecten.