La denuncia fue presentada ayer ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 por los dos ciudadanos
ecuatorianos afectados, Juan Antonio Merino y John Àlvaro Ordóñez,
quienes estuvieron acompañados por Ramon Mayol y Chaker Boussel,
ambos representantes de la formación política Els Verds, y por la
abogada Cristina Molina.
Para Marí, en la detención y posteriores diligencias se «respetaron
todas la garantías jurídicas y policiales». «No hubo maltrato
-añadió Marí- y sí se dio de comer y beber a los detenidos, lo
normal en estos casos». El comisario no dudó en asegurar que si
algún agente «ha hecho alguna cosa mal se le aplicarán las medidas
correspondientes». Sobre la permanencia de cinco días en los
calabozos de los detenidos, el responsable del CNP en Eivissa dijo
que se debió «a una decisión judicial», puesto que la policía sólo
tiene potestad para privar de libertad durante 72 horas.
En este sentido, la directora insular indicó ayer a este periódico
que dicha investigación «está en marcha, aunque aún no se ha
resuelto». Asimismo, criticó el hecho de que este tipo de denuncias
se generalicen al global de los agentes de Comisaría y ofreció toda
su colaboración en las investigaciones que se deriven de la
denuncia presentada ayer. «Si hay algún policía que no respeta los
derechos de las personas soy la primera que desea que se le aparte
del servicio», añadió.
A las puertas de los juzgados, Merino y Ordóñez afirmaron haber
sido detenidos el pasado día 12 de enero a las diez de la mañana en
ses Figueretes en un control de documentación. Según la denuncia,
Ordóñez, de 24 años de edad, dijo a los agentes del Cuerpo Nacional
de Policía (CNP) que ya tenía abierto un expediente para su
expulsión del país y, en ese momento, «uno de los policías le cogió
de la camisa dándole golpes contra el coche». El joven añade en su
declaración que en Comisaría le hicieron sentarse y, mientras uno
de los agentes que le detuvo le sujetaba, otro le golpeó en la
cabeza, la cara y la espalda.
De allí -continúa-, fue conducido al calabozo, se le desnudó y
se le mantuvo en el mismo cinco días sin que se le facilitara «agua
ni comida ni se le abrió el calabozo para ir al aseo, por lo que
tuvo que hacer todas sus necesidades dentro del calabozo».
Ordóñez mostró ayer un moratón en su ojo izquierdo como prueba
de los malos tratos y aseguró haber recibido amenazas por parte de
los agentes si denunciaba lo ocurrido.
Merino coincidió en la denuncia con su compañero, aunque, en su
caso, refleja en la misma que fue «conducido al calabozo corriendo
a pesar de que se encontraba incapaz de andar». Al ser puesto en
libertad, también el jueves día 16, «fue informado por el policía
de que no podía poner denuncia porque no tenía derechos», refleja
la denuncia.
Por su parte, el comisario de Eivissa, Àngel Marí, rememoró que
tanto Ordóñez como Merino, junto a otros dos ciudadanos
ecuatorianos, fueron detenidos como sospechosos del asalto a una
mujer de 65 años en ses Figueretes el día 12. La víctima precisó de
40 puntos de sutura en un dedo tras ser atacada con un
cuchillo.
Desde Els Verds se insistió en que en Comisaría «no se respetan
los derechos humanos». Mayol recordó una reunión mantenida el
pasado diciembre con la directora insular, Marienna Sánchez
Jáuregui, y el Inspector de Servicios del CNP en Balears, Manuel
Bouzas, en la que, explicó, se dijo que se abriría una
investigación interna para aclarar una denuncia anterior por malos
tratos. «Ante los nuevos hechos -razonó- vemos que, o ha sido
ineficaz, o importan poco los derechos humanos».
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