Jose María Michavila, ministro de Justicia, en el punto de mira.

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Las víctimas de la violencia doméstica que denuncien a su agresor tendrán que esperar al mes de septiembre para poder solicitar la orden de protección que activará las medidas civiles, sociales y penales que la amparan, pues la proposición de Ley que regula esta nueva figura no verá la luz hasta el mes de septiembre. Las organizaciones de mujeres creen que la medida ha sido una mera «operación propagandística».

De hecho, la propuesta se tramitó de urgencia, pero el Senado decidió incluir tres enmiendas que obligan a volver a remitir el texto al Congreso para su aprobación definitiva. El Pleno de la Cámara Alta remitió la iniciativa a la Cámara baja el 26 de junio y las enmiendas introducidas deben ser ratificadas por el pleno del Congreso, aunque aún no se ha producido el debate, a falta de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes y en el que no está prevista su inclusión.

Y es que el compromiso del Ministerio de Justicia y de todos los grupos del arco parlamentario, que consensuaron la norma, era que entrara en vigor antes de las vacaciones de verano. El titular de Justicia, José María Michavila, incluso sugirió que podría empezar a aplicarse con la entrada en vigor de los juicios rápidos, el 28 de abril. Sin embargo, no será así pues la medida no será aprobada de forma definitiva en el Congreso hasta el primer pleno del mes de septiembre.