Un portavoz comunitario descarta que tenga relación con el trasvase del Ebro.

Un portavoz comunitario descarta que tenga relación con el trasvase del Ebro.

OTR PressMadrid14/01/04 0:00
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En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que considera que la ley española «no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la evaluación de impacto ambiental». Las autoridades europeas manifestaron su preocupación de que la directiva de 1997 se aplique sólo a los proyectos aprobados después de 2000.

Esta Directiva exige a los estados miembros realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre determinados proyectos públicos y privados, antes de ser autorizados, cuando se cree que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Este estudio es obligatorio para proyectos como autopistas, aeródromos y centrales nucleares. Para otros proyectos tales como los urbanísticos, turísticos y de actividades recreativas, enumerados en el anexo II, los estados miembros deben poner en práctica un sistema de selección que permita determinar cuáles han de someterse a la evaluación.

Bruselas denunciará al igual que a España, a Bélgica, Italia y el Reino Unido también para que cumplan la legislación comunitaria que exige realizar una evaluación de impacto ambiental, ya que «es un medio importante de poner sobre aviso a las autoridades sobre los efectos potenciales de los proyectos en el medio ambiente y en la población».

El objetivo es determinar y describir los efectos medioambientales de los proyectos y evaluar si conviene aplicar medidas preventivas o de atenuación. Durante el procedimiento, la población puede aportar opiniones y expresar sus preocupaciones sobre el proyecto de modo que los resultados de esta consulta han de tenerse en consideración en el proceso de autorización.