La Junta de Andalucía defendió ayer la exclusión del Estado en
la demanda que presentó contra seis tabaqueras, a las que reclama
los gastos sanitarios de 135 pacientes afectados por el consumo de
este producto, mientras que las empresas creen que debe analizarse
la implicación de la Administración.
Estos fueron los argumentos que defendieron ambas partes durante
la vista celebrada ayer en el juzgado número 68 de lo Civil de
Madrid, que decidirá antes de cinco días si es competente para
investigar dicha demanda si excluye al Estado, o si lo remite a la
vía contencioso-administrativo para que analice las
responsabilidades de la Administración.
La Junta de Andalucía dirige su demanda contra Altadis, Philips
Morris, Tabacos Canary Island, British American Tabacco España,
Cita y J.T Internacional, principales responsables de la
distribución y venta del tabaco en Andalucía y en España, a las que
pide las responsabilidades por los daños causados a 135 pacientes y
los gastos generados al Sistema Andaluz de Salud en los 260
ingresos hospitalarios al año.
La defensa del gobierno andaluz explicó que sólo dirige la
demanda contra las seis empresas porque sólo imputan la
comercialización y «cualquier actividad que se relaciona con los
efectos del tabaco no nos interesa». Opinó que no se ha acreditado
que el Estado haya tenido participación en la comercialización y
que ésta nunca ha sido un servicio público.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.