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La Junta de Andalucía defendió ayer la exclusión del Estado en la demanda que presentó contra seis tabaqueras, a las que reclama los gastos sanitarios de 135 pacientes afectados por el consumo de este producto, mientras que las empresas creen que debe analizarse la implicación de la Administración.

Estos fueron los argumentos que defendieron ambas partes durante la vista celebrada ayer en el juzgado número 68 de lo Civil de Madrid, que decidirá antes de cinco días si es competente para investigar dicha demanda si excluye al Estado, o si lo remite a la vía contencioso-administrativo para que analice las responsabilidades de la Administración.

La Junta de Andalucía dirige su demanda contra Altadis, Philips Morris, Tabacos Canary Island, British American Tabacco España, Cita y J.T Internacional, principales responsables de la distribución y venta del tabaco en Andalucía y en España, a las que pide las responsabilidades por los daños causados a 135 pacientes y los gastos generados al Sistema Andaluz de Salud en los 260 ingresos hospitalarios al año.

La defensa del gobierno andaluz explicó que sólo dirige la demanda contra las seis empresas porque sólo imputan la comercialización y «cualquier actividad que se relaciona con los efectos del tabaco no nos interesa». Opinó que no se ha acreditado que el Estado haya tenido participación en la comercialización y que ésta nunca ha sido un servicio público.