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Casi medio millón de personas (446.239) utilizan en España la firma electrónica, un anticipo del futuro DNI digital, que permite enviar por las redes de telecomunicaciones documentos con la misma seguridad jurídica que las transacciones en papel, según el subsecretario de Economía, Miguel Crespo. Crespo dijo hoy en conferencia de prensa que la firma electrónica es una de las medidas de desarrollo e implantación de la Sociedad de la Información promovida por el Ministerio de Economía y que pretende acercar la Administración al ciudadano y mejorar la gestión de los recursos. De hecho, la firma electrónica permite identificar al remitente de un mensaje de manera fidedigna, verificar que el documento no ha sido manipulado y garantizar que el emisor y el receptor no puedan negar su existencia, entre otras ventajas. Además, precisó el subsecretario, la firma permite ahorrar tiempo y dinero en la gestión de documentos y simplifica los procedimientos y la calidad del servicio. La seguridad jurídica de la firma electrónica -regulada en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica- es tal que hace que los documentos enviados por la red sean «imputables y exigibles», según el subsecretario. Esta iniciativa pionera del Ministerio de Economía podría ser utilizada en el ámbito de las relaciones privadas y serviría para garantizar la seguridad de los intercambios comerciales, según la fuente. Aunque por ahora sólo sirve para el pago de tasas y para comunicarse con la Administración, «existe la posibilidad» de extender la firma electrónica al comercio electrónico privado, porque «técnicamente es posible y jurídicamente cuenta con un plus de seguridad que es su principal valor», precisó Crespo.