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El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo ayer un llamamiento a los funcionarios y responsables públicos para que se acojan a la objeción de conciencia para no oficiar bodas entre parejas homosexuales, de acuerdo con el proyecto de Ley impulsado por el Gobierno.

La Ejecutiva de los obispos, que ayer mantuvo su primera reunión tras la elección del obispo de Bilbao Ricardo Blázquez al frente de la CEE, reitera su posición al proyecto de 'matrimonio gay' y a la adopción por parte de parejas homosexuales. A su juicio, la futura norma será «tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país».

En una nota de prensa, los obispos españoles piden igualmente, en referencia a los senadores, que no se vote a favor de esta norma, que ayer inició su trámite en la Cámara Alta y que será sometida al refrendo del pleno las próximas semanas. Algunos senadores, como el socialista Francisco Vázquez, ya han anunciado que no votarán la Ley, y los democristianos de Unió Democrática de Catalunya (UDC) presentaron ayer una propuesta de veto. El PP también tiene previsto hacerlo.

Así, creen que la ley que se pretende aprobar «carece propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral». «La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia», subraya la nota. De esta forma, siguiendo las directrices del Vaticano, la CEE recuerda que los católicos «no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva».

De esta forma, advierte de que los católicos no podrán votar a favor de esta norma y que deben reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. En este sentido, los obispos recalcan que «el ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio». «Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los educadores», aserta la CEE en su nota.