Presos en la base naval de Guántanamo, punto de mira de Amnistía Internacional.

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Hoy se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, razón por la que Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña mundial contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes en el contexto de la llamada «guerra contra el terror», bajo el lema: «Un grito de protesta puede acabar con mil gritos de dolor». En la misma se pedirá el cierre del centro de detención estadounidense de la base de Guantánamo (Cuba) y que se acabe con el uso de la tortura.

Según Beltrán, con esta campaña, que finalizará el 10 de diciembre con motivo del Día de los Derechos Humanos, se trata de pedir al Gobierno de Estados Unidos que cierre Guantánamo. Así, señaló que desde el 11 septiembre de 2001, este país ha mantenido en centros bajo su jurisdicción «a más de 70.000 personas, de las que ni una sola ha sido condenada».

Antes del comienzo de la campaña, Amnistía Internacional en España celebró ayer un acto simbólico en la Puerta del Sol de Madrid. En el mismo, cuatro personas ataviadas con monos naranjas y mascarillas, a semejanza de los presos de Guantánamo, permanecieron unos minutos de rodillas con las manos atadas mientras el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, hacía declaraciones a los periodistas. Posteriormente, se leyó un manifiesto.

«AI ha podido documentar 60 métodos de detención e interrogatorio que constituyen tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo simulacro de ejecuciones, vejaciones sexuales y uso de perros», señaló Beltrán, que indicó que el Gobierno estadounidense ha controlado directamente «17 centros de detención y reclusión en Afganistán y 25 en Irak, donde ha recluido a buena parte de las 70.000 personas».

Según informó AI, la campaña denuncia la utilización de la tortura y su supuesta legitimación en la citada «guerra contra el terror». En este sentido, señala que «eufemismos como «privación sensorial» o «presión física moderada» son utilizados por «gobiernos y otros agentes, lo que podría legitimar el empleo de prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas».