Más de 3.000 agentes de la Policía y de la Guardia Civil se
movilizarán a partir del próximo día 10 en los entornos de los
centros escolares para luchar contra el tráfico de drogas a pequeña
escala y el consumo de estupefacientes.
Ambos dispositivos han sido elaborados por la Secretaría de Estado
de Seguridad, que ha emitido ya las correspondientes instrucciones
a los delegados y subdelegados del Gobierno y a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
Así lo anunció el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en
una rueda de prensa en la que justificó la puesta en marcha de este
plan (que se aplicará en todo el territorio nacional por un plazo
no inferior a los dos años) en la disminución de la edad de inicio
en el consumo de drogas hasta situarse en una media de entre 14 y
15 años y en el aumento del mismo entre los jóvenes. El plan
complementa a otro que entró en vigor el lunes y que está centrado
en la vigilancia de las zonas de ocio y de diversión.
El objetivo del plan contra el «menudeo» en los entornos de los
centros escolares, del que se realizarán informes trimestrales para
su evaluación, es, según dijo Alonso, que los jóvenes «estudien y
se formen en un entorno seguro y de que los padres estén tranquilos
de que así va a ser». En la primera fase del plan, que se extenderá
durante un mes, participarán al menos 3.124 agentes -1.306 de la
Policía Nacional y 1.818 de la Guardia Civil-, a los que se unirán
los funcionarios de las policías autonómicas y locales que decidan
las Juntas de Seguridad que convocarán los delegados y subdelegados
para la puesta en marcha del dispositivo.
Para la implantación del dispositivo, que el ministro ha
abordado con asociaciones de padres, se está elaborando un mapa de
puntos de riesgo para zonas escolares, que se irá actualizando y
que servirá para planificar intervenciones puntuales y elaborar
planes concretos.
Además, se nombrará a un responsable territorial de ejecución
del plan, que bajo la supervisión del delegado del Gobierno se
encargará de la coordinación entre los Cuerpos policiales. Se
crearán también cauces de colaboración y transferencia de datos
entre las autoridades estatales, autonómicas y locales para
garantizar la utilización de todos los datos en la toma de
decisiones.
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