La Audiencia Nacional seguirá deliberando hoy sobre si se mantiene
o se levanta la paralización del traslado de los papeles del
Archivo de Salamanca a Barcelona. Los magistrados tienen cinco días
para dar una respuesta al recurso presentado por el Ayuntamiento
salmantino después de que ayer escucharan los argumentos esgrimidos
por las partes. Mientras desde el Consistorio se defiende que se
han violado varios puntos de la ley, el abogado del Estado sostiene
que su paralización conllevaría el incumplimiento de una norma
aprobada por el Parlamento.
Sobre ese particular, sostiene que entre la documentación hay
documentos de identidad electoral de municipios catalanes,
cartillas de racionamiento y carnés de conducir, que se podrían
entregar a sus dueños y ser destruidos.
Durante la vista, el abogado del Ayuntamiento de Salamanca, José
María Benavente, argumentó que el traslado de los papeles se ha
hecho sin respetar la ley porque se han trasladado documentos que
no pertenecen a la Generalitat.
Por otro lado, Benavente denuncia que los documentos incautados
no se han copiado por lo que, en caso de extravío o destrucción, se
perderán aspectos fundamentales no sólo de la Historia de Cataluña,
sino también de nuestro país. Finalmente, denunció que el Patronato
del Archivo General de la Guerra Civil no llegó a hacer un informe,
porque la ley obligaba al traslado de los papeles.
Frente a estas explicaciones, el jefe de la abogacía del Estado
en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, argumentó que no llevar a
cabo el traslado supone no aplicar una ley aprobada por el
Parlamento. Pacheco desmontó los argumentos esgrimidos por el
Ayuntamiento asegurando que en ningún caso se han movido documentos
ajenos a la Generalitat y que, en cualquier caso, si se demostrara
lo contrario, se podría devolver a Salamanca. «El traslado nunca
sería irreversible».
Por otro lado, Pacheco subrayó que los documentos que se están
moviendo fueron incautados por las fuerzas franquistas en
organismos oficiales catalanes y no a particulares, y que en ningún
caso se van a devolver a terceros, por lo que no podrán ser
destruidos. Además, interrogó a dos testigos del Ayuntamiento,
quienes reconocieron que por el convenio de 1983 se acordó
microfilmar los documentos custodiados en el Archivo. Las 500 cajas
que salieron de Salamanca se encuentran en una cámara acorazada del
Ministerio de Cultura a la espera de la decisión de la
Audiencia.
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